La Junta anuncia la estimación de nueve recursos
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, anunció el 18 de septiembre de 2026 en Zamora que la Administración autonómica ha obtenido la estimación de nueve recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones por las que se trasladaron a la Comunidad menores migrantes no acompañados procedentes de otros puntos de España. Según su versión, los tribunales han declarado la nulidad de los expedientes impugnados y han ordenado retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de esas órdenes. El anuncio se produjo durante la gala de los Premios Cincho 2026 en el Teatro Ramos Carrión, donde Pollán estuvo acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.
El vicepresidente autonómico atribuyó las estimaciones judiciales a que, en su opinión, "no existió una motivación o justificación adecuada" en los expedientes recurridos. Añadió que la Junta estudiará nuevas medidas ahora que, según sostiene, la justicia le ha dado la razón, y afirmó que se mantiene "la batalla legal con todas las armas jurídicas" disponibles. La estimación de recursos implica, según el relato del cargo autonómico, que las resoluciones de traslado quedan sin efecto y las actuaciones vuelven a su estado anterior.
El marco jurídico invocado y la posición autonómica
La Junta ha sostenido que el sistema estatal de reparto de menores migrantes no acompañados impone "unilateralmente obligaciones" a la Comunidad y, a su juicio, invade competencias autonómicas en materia de protección de menores. Pollán ha argumentado que la distribución se realiza con criterios "políticos" y no técnicos, sin tener suficientemente en cuenta la disponibilidad efectiva de recursos. Según los datos que él mismo proporcionó, Castilla y León dispone de 130 plazas y atiende a 164 menores, lo que supera en un 26 por ciento la capacidad total.
El vicepresidente ha mencionado la posibilidad de explorar acuerdos con países de origen al amparo de la Ley de Extranjería, en particular la aplicación del artículo 35.2, para la devolución de menores a sus países. También ha señalado que la Junta mantiene su oposición al reparto y ha vinculado esta postura al pacto de Gobierno entre PP y Vox. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el cargo autonómico y no han sido confirmadas por una resolución judicial publicada ni por una fuente primaria del Gobierno central.
Contexto del litigio entre comunidades y Gobierno central
La estrategia judicial de Castilla y León se enmarca en un litigio más amplio entre varias comunidades autónomas y el Gobierno central por el reparto de menores migrantes no acompañados. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite recursos de inconstitucionalidad presentados por los ejecutivos de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares contra el Decreto-Ley 2/2025, que regula el reparto de menores migrantes en situaciones extraordinarias. Previamente, el alto tribunal ya había admitido recursos de Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura contra el mismo real decreto-ley.
Los recurrentes alegan que la norma podría vulnerar los artículos 81 y 86 de la Constitución, ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias e infringir el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. La Junta de Castilla y León ha comunicado además a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, mediante una carta conjunta con los vicepresidentes de Vox en Extremadura y Aragón, su negativa a asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y su oposición al reparto de los 25 millones de euros previstos para 2026 para la atención de estos menores en Ceuta. Estas actuaciones forman parte de un proceso administrativo y judicial en curso cuyas resoluciones definitivas aún no se han producido.