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Gobierno y Ceuta cruzan acusaciones por los menores migrantes mientras la UE debate cambios legales

El Ministerio de Juventud e Infancia afirma que Ceuta no respondió a una oferta para trasladar a 500 menores desde el 28 de agosto; el Ejecutivo ceutí niega haberla recibido

El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que el 28 de agosto envió una propuesta formal al Gobierno de Ceuta para trasladar a 500 menores migrantes a la Península, sin obtener respuesta oficial. El Ejecutivo ceutí niega la existencia de esa comunicación. En paralelo, el ministro Óscar Puente acusa al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de no colaborar, mientras la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente el campamento del puerto. El Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que califica la entrada de julio como 'invasión' y respalda acelerar retornos.

La disputa por el traslado de menores migrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que el 28 de agosto remitió una propuesta formal al Gobierno de Ceuta para trasladar a 500 menores migrantes no acompañados desde los centros de acogida de la ciudad autónoma a otros de la Península con plazas disponibles. Según la información difundida, la oferta se canalizó por correo electrónico y no habría recibido respuesta oficial. El texto planteaba un mecanismo similar al aplicado en Canarias para derivar a unos 800 niños y adolescentes, y detallaba que con 25 millones de euros aprobados en Conferencia Sectorial se podrían cubrir los costes de gestión y las derivaciones a dispositivos de pequeña escala.

El Gobierno de Ceuta niega la existencia de tal propuesta. Fuentes del Ejecutivo ceutí justifican así su falta de respuesta. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha acusado al Ejecutivo central de inacción y de descargar responsabilidades sobre la administración local. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reprochado al Gobierno que, más de un mes y medio después, no sepa cuántos menores hay ni cuántos inmigrantes permanecen en la ciudad.

Pulso político entre el Gobierno central y la ciudad autónoma

El ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó el jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de defender la ciudad "de boquilla" y de no haber colaborado "en ningún momento" con el Gobierno central para gestionar la crisis migratoria. En una entrevista en TVE, Puente sostuvo que se alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo ceutí para habilitar dos parcelas en el puerto como campamento y que, tres días después, Vivas convocó un consejo extraordinario del puerto y votó en contra de la cesión. El ministro calificó esa actuación de "maniobra de profunda deslealtad" y explicó que el Gobierno aplicó el artículo 733 de la ley de puertos para ordenar la cesión al Ministerio de Migraciones.

Vivas ha replicado que las declaraciones del ministro constituyen una "frivolidad y falta de respeto" y ha asegurado que advirtió de la emergencia con antelación. El presidente ceutí ha anunciado que trasladará a los juzgados las comunicaciones oficiales para demostrar que alertó del escenario antes de que se produjera. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha señalado que ve a Vivas más "en clave electoral" que intentando aliviar la situación de la ciudad. El Gobierno ha insistido en que su prioridad es devolver a los menores no acompañados a sus familias y ha reprochado la falta de colaboración de las comunidades del PP.

La Eurocámara aprueba una resolución no vinculante y la UE debate cambios legales

El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución no vinculante que califica la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio como "invasión" y "ataque híbrido", y señala un posible "efecto llamada" de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español. El texto salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, con el respaldo del Partido Popular Europeo, parte de Renew, Patriotas por Europa, ECR y ESN. Los Socialistas y Demócratas, la izquierda y los Verdes votaron en contra. La resolución reclama a Marruecos que respete la soberanía española sobre Ceuta y cumpla sus compromisos en control fronterizo y retorno.

En paralelo, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, se reunió en Madrid con los ministros Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz. El Gobierno español trasladó su respaldo a los cambios legislativos comunitarios para "acelerar los procedimientos de retorno y de protección internacional en crisis migratorias", en línea con la propuesta anunciada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de un marco de emergencia que permita suspender temporalmente los estándares procedimentales de expulsión. Brunner reiteró su apoyo a España y afirmó que quienes entraron y permanecen ilegalmente deben regresar rápidamente. La Comisión ha aprobado una ayuda financiera de emergencia de 114,7 millones de euros para incrementar la capacidad de acogida y triaje en las ciudades autónomas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ese mismo jueves con Brunner en el Congreso y le pidió que la UE ejerza "la presión adecuada" para que la crisis no se enquiste. Feijóo sostuvo ante el comisario que el retorno debe ser "inmediato" y defendió el despliegue permanente de Frontex en Ceuta, Melilla y Canarias.

Contexto: advertencias previas y situación sobre el terreno

La crisis migratoria en Ceuta se desencadenó tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. Días antes, el Tribunal Supremo había dictaminado que la ley no permite las "devoluciones en caliente" de migrantes que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla, una decisión que Marruecos afirmó haber advertido que debilitaba la cooperación migratoria. Los documentos desclasificados del CNI y del CIFAS muestran que los servicios de inteligencia alertaron al Gobierno el 29 de julio de posibles intentos de entrada durante la semana de la Fiesta del Trono marroquí.

El Consejo de Ministros instauró el 25 de agosto un mando único para gestionar la crisis, una fórmula que el presidente ceutí había planteado a finales de julio. El Gobierno ha habilitado unas 4.300 plazas temporales de acogida en espacios como el Muelle de Poniente, el barrio de Los Rosales, polideportivos y naves industriales, y prevé superar las 10.000 plazas. El Consejo General de la Abogacía Española alertó el 8 de septiembre del bajo número de expedientes de devolución iniciados, entre 20 y 30 diarios, cuando a su juicio deberían tramitarse alrededor de un centenar.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó un recurso ante la Audiencia Nacional para suspender la instalación del campamento en el puerto, alegando preocupación por concentrar a un millar de personas en una infraestructura crítica sin informes técnicos de seguridad. El recurso fue desestimado, pero retrasó casi un día la puesta en marcha. El sindicato rival SRP ha criticado que el SUP actúe como "ariete de la derecha" en este asunto.

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