700 plazas aprobadas para 2027
El Consejo de Ministros aprobó el 13 de noviembre de 2026 la creación para 2027 de 500 plazas de jueces y magistrados y 200 de fiscales. El paquete supone un aumento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla del Ministerio Fiscal. La aprobación crea las plazas, pero no significa por sí sola que todas estén ya cubiertas.
Las nuevas plazas se suman a otras 700 aprobadas en julio para 2026. En conjunto, los dos ejercicios suman 1.000 plazas judiciales y 400 fiscales. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció una nueva convocatoria pública para las semanas siguientes, sin concretar una fecha específica.
Reparto territorial y destinos judiciales
Andalucía y Cataluña recibirán 94 nuevas plazas judiciales cada una. Madrid contará con 74 y la Comunidad Valenciana, con 53. El reparto general se ha realizado atendiendo a la carga de trabajo, la litigiosidad y la población, además de considerar aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los Tribunales Superiores de Justicia.
En el conjunto estatal, la distribución de las plazas judiciales incluye 142 para la jurisdicción civil: 81 en Tribunales de Instancia y 61 en Audiencias Provinciales. La jurisdicción social recibirá 104 y la penal, 96. Otros 87 puestos se asignarán a órganos mixtos, mientras que 30 serán de adscripción territorial y podrán desplazarse según cambien las necesidades de carga de trabajo.
El paquete contempla también 18 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer, seis para las de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuatro para la Audiencia Nacional y 19 para los Tribunales Superiores de Justicia. La dotación de las secciones de Violencia sobre la Mujer pasa de 121 a 197 plazas en dos años, un incremento del 62,8%.
Criterios y alcance de la ampliación
El Gobierno indicó que el reparto tiene en cuenta la carga de trabajo, la litigiosidad y la población, junto con las aportaciones de los órganos judiciales, la Fiscalía y las comunidades autónomas con competencias transferidas. La ampliación se enmarca en una transformación de la Justicia que combina reformas procesales, organizativas y digitales.
La creación de las plazas constituye una ampliación de plantilla aprobada para 2027; no acredita por sí misma que los puestos estén cubiertos ni que los tiempos de respuesta judicial hayan mejorado.