Una facultad para actuar ante un peligro inminente
El Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre de 2026 un Real Decreto-ley para reforzar la seguridad operacional ferroviaria y la protección social de los profesionales del sector. La norma reconoce a los trabajadores el derecho a adoptar medidas necesarias y proporcionadas ante un riesgo grave e inminente, incluida la posibilidad de interrumpir la marcha de un tren o decidir no iniciarla. La actuación debe comunicarse sin demora a los agentes correspondientes.
El texto incorpora principios de cultura justa: el personal con funciones de seguridad podrá comunicar riesgos mediante canales internos o sistemas públicos que protejan la confidencialidad. También prevé garantías frente a sanciones o represalias para quienes informen de riesgos o actúen para preservar la seguridad, con excepciones en supuestos como dolo, mala fe o negligencia grave.
Nuevas reglas para contabilizar la conducción
La norma precisa qué periodos cuentan como tiempo de conducción. Incluye las maniobras en las que el maquinista maneje el vehículo en movimiento y las interrupciones durante las que mantenga la responsabilidad del tren. Además, se contabilizará íntegramente cada pausa inferior a 45 minutos entre el fin de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo trabajador.
También se computarán las interrupciones de 45 minutos o más cuando tengan lugar durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones. El texto contempla determinados periodos realizados en otras redes ferroviarias y establece que, en los casos excepcionales de conducción en pareja —con habilitaciones distintas para el vehículo y la infraestructura—, el tiempo se contará para ambos maquinistas.
Las empresas ferroviarias dispondrán de seis meses para adaptar sus turnos a las nuevas exigencias, según la información publicada sobre el contenido de la norma.
Inspecciones y protección social
El Real Decreto-ley refuerza las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Las personas y entidades sujetas a una actuación deberán facilitar el acceso a sus instalaciones y equipos; las empresas ferroviarias también tendrán que permitir el acceso a instalaciones, material rodante y equipos cuando sean necesarios para una inspección, aunque pertenezcan a otra compañía.
En materia social, la norma extiende los coeficientes reductores de la edad de jubilación a determinadas categorías de empresas que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, para favorecer la igualdad de trato entre profesionales con funciones equivalentes. Además, se iniciará, con participación sindical, una revisión para estudiar si otras categorías expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres pueden incorporarse; esa inclusión queda pendiente de estudio.
Un defensor para víctimas de accidentes de transporte colectivo
Junto con las medidas ferroviarias, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una figura permanente con rango de subsecretario. Su cometido será coordinar la atención a víctimas y familiares de accidentes de ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo y autobuses.
La figura deberá facilitar una atención psicológica, social y jurídica continuada, también a medio y largo plazo. Podrá solicitar información y reclamar respuestas a otros organismos. La Oficina del Defensor tendrá rango de Dirección General, y el titular deberá presentar, en los tres meses posteriores a su nombramiento, un proyecto para mejorar el marco normativo de atención a las víctimas.
El accidente de Urda y el conflicto laboral
La aprobación llegó tras el accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, y en medio de un conflicto laboral de los maquinistas relacionado con la seguridad y las condiciones de trabajo. Las organizaciones sindicales habían convocado movilizaciones y reclamaban la aplicación de medidas de seguridad y cambios en la organización de la conducción.
El nuevo decreto aborda parte de esas materias, pero la información disponible no permite concluir que haya resuelto el conflicto ni que las movilizaciones quedaran canceladas. Tampoco se fija aquí un balance de víctimas del accidente ni un calendario concreto de paros.