Una vivienda alquilada puede dejar de generar ingresos de un día para otro, pero sigue produciendo gastos. La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) describe como inquiokupación la situación en la que el inquilino accede legalmente al inmueble mediante un contrato, deja de pagar la renta y permanece en él mientras el propietario intenta recuperar la vivienda.
SEAG cifra en 2.430 euros por expediente el coste medio para el propietario desde el primer impago del alquiler. A esa pérdida, indica la entidad, se suma una espera cercana a los 278 días para recuperar la vivienda. Durante ese periodo, el arrendador sigue asumiendo la hipoteca, el IBI, la comunidad, el mantenimiento y otros gastos asociados a un inmueble del que no puede disponer.
Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) advierte de que el debate sobre la inquiokupación suele centrarse en su denominación o en su comparación con la okupación ilegal y dejar en segundo plano su impacto económico. Según la entidad, la situación puede prolongarse hasta que se recupera efectivamente el inmueble y agravarse si hay desperfectos o cantidades pendientes que no pueden cobrarse después. La devolución de las llaves, añade, no garantiza que el arrendador recupere la deuda acumulada.
"No podemos normalizar que el propietario particular actúe como financiador involuntario de un problema que no tiene capacidad para resolver. La protección social corresponde a las administraciones, no puede sostenerse a costa de suspender durante meses los ingresos de una familia. Cuando el sistema tarda en responder, el mercado termina protegiéndose por su cuenta y quienes pagan las consecuencias son también los inquilinos solventes", señala Pedro Bretón, CEO de SEAG.
La entidad subraya que la inquiokupación y la okupación ilegal son fenómenos diferentes y requieren respuestas distintas. A juicio de SEAG, la falta de una respuesta suficientemente rápida no afecta solo a quienes sufren un impago: también eleva la percepción de riesgo entre los propietarios y puede dar lugar a mayores exigencias de garantías, procesos de selección más restrictivos o la retirada de viviendas del mercado.
SEAG reclama a la Administración que aborde la inquiokupación desde una perspectiva jurídica y económica específica, con procedimientos más ágiles, medidas públicas de atención a las familias vulnerables y mecanismos que eviten trasladar al propietario particular el coste de una situación que no puede resolver. "Proteger al arrendador frente al impago y atender adecuadamente la vulnerabilidad social deben ser respuestas complementarias, no responsabilidades que recaigan sobre una sola de las partes", asegura Bretón.