El Gobierno sitúa la competencia en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió este miércoles en los pasillos del Congreso a la pregunta de por qué siguen menores migrantes en las calles de Ceuta remitiendo la cuestión al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El Ejecutivo sostiene que la tutela y la atención de los menores no acompañados corresponden a Ceuta como administración competente, y que es la ciudad la que debe habilitar espacios de acogida y solicitar los traslados a la Península.
En la misma línea se pronunciaron el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que encabeza el mando único de la crisis. Torres situó entre 700 y 1.000 los menores que permanecen sin tutela de las autoridades y pidió al Gobierno ceutí que concrete la cifra exacta, mientras el Ejecutivo cifra en 2.048 los ya filiados o atendidos.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, elevó el tono político y reprochó a Vivas que haya adoptado, a su juicio, el discurso del PP. Fuentes gubernamentales subrayan que no se trata de un problema de recursos, después de la partida extraordinaria acordada para la atención de la infancia migrante en la ciudad, y apuntan a instalaciones que podrían habilitarse para alojar a los menores.
Dos vías de traslado sobre la mesa
El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, plantea una primera vía urgente: trasladar a la Península a unos 500 menores considerados de especial vulnerabilidad, especialmente niñas, mediante convenios con entidades sociales especializadas. Según el departamento, esta fórmula está disponible desde hace más de un mes, no exige la aprobación previa de las comunidades autónomas y requiere que la ciudad autónoma articule los convenios, manteniendo Ceuta la tutela.
La segunda vía pasa por los acuerdos bilaterales entre Ceuta y otras comunidades para la acogida temporal de menores mientras se tramitan sus expedientes. El Gobierno sitúa a Navarra como la única comunidad que ha formalizado un convenio de estas características y reclama a las comunidades gobernadas por el PP que contribuyan a descongestionar el sistema de protección ceutí.
Ambas fórmulas se complementan con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ya en vigor, que el Ejecutivo considera más lenta en su aplicación. El Gobierno mantiene como prioridad el reagrupamiento familiar y asegura que se acoge al compromiso trasladado por Marruecos para la acogida de quienes deban retornar.
El pulso político y el marco de la crisis
El desencuentro se produce mes y medio después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. Desde entonces, la relación entre Moncloa y el Gobierno ceutí pasó de la colaboración a un enfrentamiento abierto, con acusaciones cruzadas sobre la gestión de los expedientes y sobre la habilitación de espacios de acogida. El Ejecutivo central sostiene que la ciudad firmó convenios con entidades para el traslado de menores vulnerables y después expresó públicamente dudas sobre esa propuesta.
Vivas, por su parte, ha defendido que Ceuta está realizando un esfuerzo con unos 2.000 menores acogidos en una ciudad de unos 84.000 habitantes y 20 kilómetros cuadrados, y ha reclamado al Estado que asuma la identificación y la entrega a los servicios de acogida. El vicepresidente ceutí, Alejandro Ramírez, ha calificado de vergüenza la respuesta de Sánchez y ha situado entre 700 y 1.000 los menores que permanecen en la calle.
En el plano parlamentario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que Marruecos se declara dispuesto a aceptar a quienes entraron en Ceuta, mientras Sánchez ha acusado a los populares de cronificar la crisis y de obstaculizar las soluciones. El PP ha llevado además el asunto al ámbito europeo a través de la visita de su dirección a la ciudad y de iniciativas en el Senado.