El Supremo inadmite la denuncia de Hazte Oír contra siete magistrados del Constitucional

La denuncia contra los magistrados

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo inadmitió la denuncia presentada por Hazte Oír contra siete magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron aplicar la amnistía al delito de malversación en el recurso de Dolors Bassa. Los denunciados son Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Juan Ramón Sáez, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Hazte Oír sostuvo que la decisión podía constituir un delito de prevaricación judicial, subsidiariamente de prevaricación judicial imprudente o, alternativamente, de usurpación de atribuciones judiciales. La denuncia se refería a la resolución del Constitucional que estimó el recurso de amparo de Bassa y ordenó aplicar la amnistía a la malversación por la que había sido condenada.

El Supremo fundamentó la inadmisión, entre otros motivos, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece que sus resoluciones no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. La Sala señaló que la discrepancia con el razonamiento de una sentencia, incluso si se considera equivocado, no basta por sí sola para atribuir un delito de prevaricación.

Los límites de la prevaricación y las competencias de los tribunales

El auto expone que, para que una resolución sea injusta a efectos de prevaricación, debe apartarse de todas las opciones jurídicamente defendibles y carecer de una interpretación razonable. Por ello, una decisión basada en una interpretación que pueda considerarse errónea no es prevaricadora si puede sostenerse jurídicamente.

La Sala describe la relación entre ambos tribunales como una distribución de competencias, no como una jerarquía general. El Tribunal Constitucional tiene la última palabra en materia de garantías constitucionales, mientras que el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en los demás órdenes, con las salvedades previstas en la Constitución.