Llarena confirma el levantamiento de las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig
El juez desestima el recurso de Vox y aplica la doctrina del Constitucional sobre la malversación; la decisión no archiva la causa ni concede por sí sola la amnistía definitiva.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ratificado la retirada de las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. La medida sigue la doctrina constitucional sobre la amnistía de la malversación, pero la resolución final sobre la extinción de responsabilidad y el archivo corresponde a la Sala de lo Penal.
La retirada de las órdenes no equivale al cierre definitivo del procedimiento.
El Supremo ratifica la retirada de las órdenes
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha confirmado en un auto el levantamiento de las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. La resolución desestima el recurso de reforma presentado por Vox contra la decisión provisional adoptada el 6 de octubre.
El juez aplica a los tres procesados la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la amnistía del delito de malversación, establecida al conceder amparo a Dolors Bassa. El auto dispone que se cancelen las órdenes en los registros correspondientes e incluye las requisitorias y los mandamientos de ingreso en prisión que deriven exclusivamente de ellas.
El levantamiento no cierra la causa
La resolución tiene un alcance limitado: deja sin efecto las órdenes de detención, pero no archiva el procedimiento ni declara extinguida de forma definitiva la responsabilidad penal. El sumario mantiene recursos pendientes y, según el auto, corresponde a la Sala de lo Penal resolver sobre la extinción de responsabilidad y el eventual sobreseimiento.
Llarena sostiene que la doctrina constitucional debe aplicarse aunque discrepe de sus fundamentos. La controversia jurídica previa se centraba en si el beneficio personal atribuido a los procesados podía consistir en evitar asumir gastos que se sufragaron con fondos públicos. La doctrina constitucional que el juez aplica obliga a abandonar ese razonamiento para mantener las medidas cautelares, aunque el magistrado deja constancia de su desacuerdo con la interpretación.
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