El Constitucional inadmite el recurso sobre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos
Considera que aún no se ha agotado la vía judicial en el Supremo; la suspensión cautelar sigue vigente mientras se tramitan las alegaciones.
El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del voto de parte de las personas nacionalizadas por la ley de nietos. La decisión no resolvió el fondo del litigio: el Supremo mantiene abierto el procedimiento y el plazo para presentar alegaciones concluye el viernes 23 de octubre.
La inadmisión del amparo no zanja la controversia, que continúa en el Tribunal Supremo.
Una inadmisión por motivos procesales
El Pleno del Tribunal Constitucional acordó no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del voto de personas nacionalizadas al amparo de la conocida como ley de nietos. La votación fue de diez votos contra dos.
El tribunal consideró que el recurso era prematuro porque la vía judicial ante el Tribunal Supremo todavía no estaba agotada. La inadmisión no supuso un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ni sobre la validez de la suspensión. El Supremo todavía podía modificar o levantar la medida al resolver las alegaciones.
Los magistrados Ramón Sáez y Juan Carlos Campo votaron a favor de admitir el recurso, frente a la mayoría del Pleno.
El plazo de alegaciones concluye el 23 de octubre
El Tribunal Supremo abrió un plazo para que las personas afectadas comparezcan y presenten alegaciones contra la suspensión cautelar. El plazo termina el viernes 23 de octubre; la inadmisión del recurso de amparo se basó precisamente en que ese trámite seguía abierto.
La medida cautelar continúa vigente mientras prosigue el procedimiento. La suspensión afecta a personas nacionalizadas por la vía vinculada a la instrucción de la ley de nietos que no acrediten su condición de descendientes de exiliados. Las referencias disponibles sitúan en 163.020 el número de afectados residentes en el extranjero.
Por tanto, el Constitucional no ha resuelto si la suspensión es conforme a derecho. La inadmisión no constituye una decisión definitiva sobre el derecho al voto de las personas afectadas.
La posición del Defensor del Pueblo y del Gobierno
Gabilondo manifestó que respetaba la decisión del Pleno, aunque expresó preocupación por que la suspensión pudiera impedir a ciudadanos españoles ejercer su derecho fundamental al voto.
El Gobierno también expresó respeto por la resolución y sostuvo que la vía judicial previa seguía abierta. Su posición es que la decisión del Constitucional se limita a cuestiones procesales y no resuelve el fondo del asunto; el Ejecutivo espera que la decisión definitiva aclare el alcance del derecho al sufragio de las personas afectadas.
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