El episodio de Ceuta entró en la evaluación
La Comisión Europea mantuvo a España entre los países bajo presión migratoria en su segundo informe anual sobre asilo y migración. Para la evaluación tuvo en cuenta las entradas irregulares en Ceuta del 30 y 31 de julio, aunque el episodio quedó fuera del periodo principal analizado, comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.
El informe indica que, según los datos comunicados por las autoridades españolas, entre las personas que entraron irregularmente desde Marruecos había 3.560 menores no acompañados. El total de personas se omite porque las referencias disponibles ofrecen cifras distintas.
La normativa permite considerar acontecimientos posteriores al periodo de referencia cuando sean relevantes para valorar la situación. Sin el episodio de Ceuta, España habría quedado en la categoría de países en riesgo de sufrir presión migratoria; al incorporarlo, la evaluación concluyó que el país estaba sometido a presión.
España figura en el grupo de países bajo presión migratoria junto con Italia, Grecia y Chipre. Otros quince Estados miembros fueron clasificados como países en riesgo de sufrir presión migratoria, una categoría distinta que da acceso a instrumentos de apoyo, pero no al mismo mecanismo de solidaridad.
El informe señala que España representó aproximadamente el 20 % de los cruces fronterizos irregulares de la Unión Europea durante el periodo analizado y fue el tercer Estado miembro en llegadas vinculadas a operaciones de búsqueda y rescate. Ese porcentaje no incluye las entradas en Ceuta de finales de julio.
La valoración del Gobierno y las medidas posibles
En octubre, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que se estaban viendo «frutos» de las medidas adoptadas tras las entradas de finales de julio. El ministro señaló que la situación migratoria en Ceuta había mejorado, pero matizó que «la situación no está normalizada».
La clasificación permite a España solicitar solidaridad de los demás Estados miembros en el marco del Pacto de Migración y Asilo. Entre las opciones previstas figuran la reubicación de personas, las contribuciones financieras y otras medidas de apoyo, como aportar personal o medios.
La decisión no establece por sí sola cuántas personas deberán ser reubicadas ni qué aportará cada país. La propuesta de la Comisión debe pasar al Consejo de la Unión Europea, donde los gobiernos concretarán los compromisos del ciclo correspondiente. Las contribuciones pueden combinar distintas modalidades.
El informe también describe otros indicadores migratorios de España durante el periodo analizado: las solicitudes de protección internacional disminuyeron un 22 %, aunque el país ocupó el cuarto lugar de la UE en cifras absolutas de solicitudes y el tercero en relación con su población y su PIB.