Qué ordena el Supremo y qué ejecuta la JEC
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo adoptó la semana del 8 de septiembre de 2026 medidas cautelares sobre los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, la conocida como 'ley de nietos'. Los autos suspendieron el voto de las personas ya inscritas y las nuevas altas en el CERA bajo esa vía, salvo que acreditaran descender de españoles exiliados. La Junta Electoral Central, reunida el lunes 14 de septiembre, acordó asumir el mandato y activar las comprobaciones correspondientes.
En aplicación de esa orden, la JEC ha encargado a los registros consulares que expidan certificaciones acreditativas de que los beneficiarios nacieron fuera de España y son hijos, nietos o descendientes de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y que perdieron o renunciaron a la nacionalidad. Además, ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral un informe que desglose las altas y permita distinguir los expedientes derivados directamente de los supuestos de exilio de los tramitados al amparo de la instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Tanto la JEC como el Supremo han subrayado el carácter provisional de estas actuaciones. La suspensión afecta al ámbito electoral y a los supuestos expresamente señalados, no retira la nacionalidad ya concedida, no invalida pasaportes y no paraliza los expedientes de nacionalidad en tramitación. El alcance definitivo dependerá de la sentencia que resuelva el fondo del procedimiento.
Las cautelares adicionales que la JEC y la Fiscalía rechazan
En paralelo a la ejecución de los autos, la JEC y la Fiscalía se han pronunciado ante el Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares adicionales solicitadas por Hazte Oír. La asociación pide conservar íntegramente los expedientes y registros informáticos del CERA desde el 21 de octubre de 2022, implantar un marcador interno que identifique el origen administrativo de las altas y someter las nuevas adscripciones a control previo de documentación, arraigo y motivación.
El fiscal de Sala Francisco Moreno Carrasco sostiene, en un escrito del 8 de septiembre, que varias de esas peticiones no tienen verdadera naturaleza cautelar y que algunas responden más a reglas de buena administración que a actuaciones necesarias para asegurar la eficacia de una eventual sentencia. La JEC coincide y añade que buena parte de las solicitudes ya quedaron absorbidas por los autos del Supremo del 10 de septiembre, dictados en los recursos de Iustitia Europa y Vox contra el acuerdo 204/2026 de la propia Junta.
El órgano electoral considera que las cautelares planteadas por Hazte Oír tienen carácter innovativo, porque obligarían a desplegar de inmediato actuaciones de inspección y auditoría que coinciden con lo que la asociación pretende obtener en la sentencia definitiva. Según la JEC, aceptarlas ahora supondría anticipar el resultado del pleito.
Reacciones institucionales y políticas
La ejecución de las cautelares ha generado posiciones contrapuestas entre instituciones y formaciones. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó en la sesión de control del Senado del 15 de septiembre que la decisión del Supremo "altera" el censo electoral y sostuvo que la situación crea "españoles de primera con derecho a voto y españoles de segunda sin derecho a voto". Bolaños reclamó una resolución definitiva antes de los próximos procesos electorales y defendió la necesidad de la 'ley de nietos'.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, manifestó que acata la decisión de la JEC aunque mantiene su disconformidad, y pidió al Supremo que entre en el fondo del asunto y dicte sentencia cuanto antes. Coalición Canaria respaldó el criterio de prudencia del Supremo y de la JEC, recordó que los autos son provisionales y reclamó que las comprobaciones se hagan de forma individualizada, con información clara para los afectados y con datos desglosados para las circunscripciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
El ex alto representante de la UE Josep Borrell planteó en RTVE un debate sobre la separación entre nacionalidad y derecho al voto, con ejemplos de otros países europeos, en una intervención que contrasta con la posición del Gobierno. En el plano parlamentario, Vox ha solicitado al PP que impulse en el Senado una comisión de investigación sobre la aplicación de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, mientras el PSOE ha reclamado rapidez al Supremo para despejar la incertidumbre de los afectados.