La petición de seis países y la respuesta de Bruselas
Seis Estados miembros de la Unión Europea —España, Alemania, Austria, Italia, Polonia y Portugal— reclamaron este viernes a la Comisión Europea un impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas como consecuencia del encarecimiento de los precios vinculado al conflicto en Oriente Próximo. La petición, trasladada formalmente a finales de agosto a la presidencia irlandesa del Consejo, se abordó en la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona celebrada en Dublín.
El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, descartó que Bruselas vaya a presentar por ahora una propuesta a escala comunitaria. «En este momento no estamos planteando una propuesta a escala de la UE, pero existe, por supuesto, la posibilidad de que los Estados miembro avancen con impuestos sobre los beneficios extraordinarios», declaró a su llegada al encuentro. El comisario subrayó que se trata de un impuesto directo cuya competencia recae en los Estados miembros y ofreció el apoyo de la Comisión para compartir buenas prácticas entre los países que decidan aplicarlo.
El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, defendió que el debate debe abordarse a escala comunitaria para lograr una «solución europea» que permita un «reparto equitativo» del impacto económico de la crisis. Cuerpo pidió a la Comisión que realice un análisis para determinar si las compañías energéticas están obteniendo beneficios extraordinarios y, en caso afirmativo, proponga un instrumento para gravarlos. El ministro se refirió al gravamen temporal que España aplicó tras el inicio de la guerra en Ucrania como precedente.
Un debate insertado en la crisis energética
La discusión sobre el gravamen se produce en un contexto de tensión en los precios de la energía. Dombrovskis reconoció que la economía europea afronta un «shock energético importante» y pidió prudencia a los gobiernos a la hora de desplegar medidas de apoyo a hogares y empresas, que deben ser «temporales y específicas» para no impulsar la demanda de combustibles fósiles. El comisario evitó anticipar posibles medidas para los próximos meses, aunque dejó abierta la puerta a revisar la posición según evolucione la situación en Oriente Próximo.
El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, fue más explícito en su petición: reclamó que la Comisión llegue a la próxima reunión de ministros de Economía, prevista para octubre bajo presidencia irlandesa, con opciones concretas sobre cómo podría diseñarse el impuesto, en particular para las empresas petroleras. Klingbeil sostuvo en su intervención pública que las energéticas están aprovechando la coyuntura para aumentar sus beneficios.
En sentido contrario, el ministro francés Roland Lescure se mostró escéptico y abogó por que cualquier discusión tenga en cuenta las especificidades de cada país, al señalar que el impacto de la subida de precios es diferente en cada Estado miembro. La presidencia irlandesa de la UE tiene previsto abordar la cuestión en la próxima reunión de ministros de Finanzas de octubre.
Alcance competencial y próximos pasos
La Comisión Europea sostiene que el gravamen es un impuesto directo cuya aprobación corresponde a los Estados miembros, que pueden aplicarlo sin necesidad de una habilitación comunitaria. Dombrovskis recordó que la UE ya aprobó en 2022 una contribución solidaria temporal sobre los beneficios extraordinarios del sector energético en respuesta a la guerra en Ucrania, y señaló que la Comisión sigue «vigilando de cerca» la situación para adoptar las medidas que considere apropiadas en cada momento.
La presidencia irlandesa del Consejo tiene previsto llevar de nuevo la cuestión a la reunión de ministros de Economía de octubre. Dombrovskis evitó comprometerse a presentar una propuesta en esa cita y se limitó a señalar que el Ejecutivo comunitario hará «nuestras propuestas y reacciones como sea apropiado». El debate continuará sin una iniciativa legislativa europea sobre la mesa por el momento.