El juez concluye la instrucción y abre la vía al juicio
El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha acordado continuar por procedimiento abreviado la causa contra el fundador y consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, al apreciar indicios de un delito contra los derechos de los trabajadores. El auto, que aún puede ser recurrido, da por terminada la instrucción abierta a raíz de una denuncia de la Fiscalía y otorga diez días a las partes para que presenten sus escritos de acusación, soliciten el sobreseimiento o pidan diligencias complementarias.
El magistrado considera que las decisiones de Pierre "menoscaban y suprimen" los derechos de los repartidores. La resolución apunta a que la compañía exigía a los trabajadores su alta en el régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social, una relación "en apariencia mercantil" que, según el juez, permitía a Glovo "reducir sus costes empresariales al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada" y ahorrarse las cotizaciones laborales correspondientes.
El delito señalado está penado con entre seis meses y seis años de cárcel, conforme al artículo 311 del Código Penal, reformado hace tres años para perseguir a los empresarios que incumplen el Estatuto de los Trabajadores. La acusación particular la ejerce el sindicato CGT, que reclama enviar a juicio al empresario.
Sentencias previas y requerimientos ignorados
El auto sustenta los indicios en resoluciones judiciales anteriores que declararon laboral la relación entre Glovo y sus repartidores. Entre ellas figura una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, además de fallos de juzgados de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El texto recogido por varias cabeceras subraya que, pese a esos pronunciamientos firmes, la empresa "continuó manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores".
La resolución incorpora además actuaciones de la Inspección de Trabajo. Según el auto, la Seguridad Social ordenó a las inspecciones provinciales que comprobaran si Glovo había reconocido la relación laboral y aplicado los derechos correspondientes. El juez sostiene que la compañía no acreditó ninguno de esos extremos y se limitó a responder que la relación inicial ya no se mantenía en el momento del requerimiento. Para el magistrado, es "realidad incuestionable" que los repartidores continuaron realizando sus labores en las mismas condiciones, sin que se les reconociera su condición de trabajadores por cuenta ajena.
El auto también rechaza que los repartidores dispusieran de una organización de trabajo propia. Señala que prestaban servicio dentro de la estructura de la empresa y mediante una aplicación de uso obligatorio que determinaba la forma y el precio del servicio y ejercía un control del proceso productivo a través de la gestión algorítmica. Consecuencia de todo ello, según la resolución, era que quienes querían seguir prestando servicios debían darse de alta como autónomos y abonar sus propias cotizaciones, una práctica que el juez vincula con la pérdida de derechos relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones y protección de la Seguridad Social.
Defensa, empresa y Fiscalía ante la decisión
La defensa de Pierre y la empresa han anunciado que recurrirán el auto. Un portavoz de Glovo ha calificado la decisión de "improcedente" y ha sostenido que "no se corresponde con el resultado de la investigación llevada a cabo durante los dos años" de instrucción. La compañía mantiene que su modelo de negocio "no ha menoscabado derechos laborales y ha habilitado márgenes de autonomía al repartidor acordes a la ley" y niega que existan requerimientos de la Inspección de Trabajo desatendidos.
El letrado responsable de la defensa ha insistido, según recogen varias cabeceras, en la "irrelevancia penal" del modelo empresarial y su evolución. Glovo también ha subrayado que la apertura de un juicio oral no implica que exista una condena ni presupone la culpabilidad de Pierre, que deberá ser determinada por el tribunal a partir de las pruebas presentadas en el procedimiento.
En el lado de la acusación, la Fiscalía considera que existen indicios suficientes para llevar a Pierre a juicio tras su declaración como investigado. La causa arrancó a raíz de una denuncia del Ministerio Público, a la que se sumó el sindicato CGT. La empresa anunció en diciembre de 2024, un día antes de que su consejero delegado prestara declaración en sede judicial, que cambiaba de modelo laboral y pasaría a contratar directamente a los repartidores, una decisión que la compañía desvinculó de su estrategia de defensa.