La decisión cautelar y sus motivos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó la petición de Vox e Iustitia Europa para extender a los hijos adultos la suspensión cautelar del derecho al voto que afectaba a otro grupo de personas nacionalizadas. La decisión se refiere a las elecciones generales del 29 de noviembre.
El tribunal señaló que quedaba poco tiempo para intervenir en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Una revisión habría exigido identificar individualmente a las personas afectadas y permitirles presentar alegaciones, además de coordinar actuaciones con la Administración electoral y los consulados. La Sala consideró que esos trámites podían comprometer la estabilidad del proceso electoral.
Dos vías de nacionalización y el contexto de la instrucción de 2022
El conjunto censal al que se refería la petición reunía descendientes cuya nacionalidad se vinculó a distintas vías de la legislación de memoria: la Ley de Memoria Democrática de 2022 y la Ley de Memoria Histórica de 2007. La información disponible sobre ese grupo no permitía separar con precisión a quienes accedieron a la nacionalidad por cada norma.
En una resolución distinta, el Supremo señaló que la Instrucción de 25 de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia ampliaba las vías para optar a la nacionalidad y presuponía la condición de exiliado para los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El tribunal consideró que los datos examinados reforzaban los indicios de posibles irregularidades en la configuración del censo. Esa valoración se refiere a las inscripciones relacionadas con la instrucción y no convierte la decisión de no ampliar la suspensión a los hijos en un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del conjunto censal.
La vía de 2007 no formaba parte del litigio sobre la ampliación de la suspensión. El tribunal consideró inviable excluir en bloque un conjunto con casos sujetos a marcos legales distintos sin comprobar individualmente a quién alcanzaría la medida.
El alcance de la resolución
El calendario también pesó en la decisión. La Sala indicó que la petición llegó avanzado el periodo electoral y que la Administración seguía ejecutando medidas anteriores sobre el censo. Un informe de la Oficina del Censo Electoral citado en la resolución señalaba que quedaban 30.482 registros pendientes de identificar para aplicar esas medidas.
La negativa a ampliar la suspensión es cautelar: no resuelve si las inscripciones cuestionadas son conformes a Derecho. El Supremo aplazó ese pronunciamiento al examen definitivo del litigio, por lo que la decisión sobre la medida urgente y la respuesta sobre la legalidad de las inscripciones son cuestiones distintas.