El Congreso aprueba tramitar la reforma de la mediación familiar
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para excluir los procesos de familia con menores de la obligación de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de interponer una demanda. La iniciativa fue respaldada por el PP, PSOE, Vox, Sumar, Junts y BNG, mientras ERC votó en contra. La votación abre la tramitación parlamentaria del texto, que deberá pasar por comisión y después por el Senado.
La proposición plantea que no sea obligatorio intentar una negociación extrajudicial en divorcios, separaciones y nulidades que afecten a menores, ni en asuntos de pensiones alimenticias, custodia, régimen de visitas o discrepancias sobre el uso del domicilio familiar, la elección de centro escolar, actividades extraescolares o tratamientos médicos no graves. El texto busca modificar la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia en el servicio público de Justicia, que introdujo la obligatoriedad de los MASC, y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Durante el debate, el diputado del PNV Mikel Legarda defendió que en los conflictos de familia con menores la presencia de los hijos reclama no dilatar las situaciones de alta conflictividad con un trámite previo obligatorio que añade tensión a la relación entre los progenitores y expone a los menores a situaciones de incertidumbre.
Los grupos apoyan la tramitación con posiciones dispares sobre la mediación
El respaldo a la toma en consideración fue mayoritario, pero los grupos expresaron posiciones distintas sobre la mediación. El PP, a través de María Jesús Moro, defendió que su partido no está en contra de los MASC en el ámbito familiar, sino de su imposición obligatoria, y consideró que la norma ha generado demoras e inseguridad jurídica en decisiones que requieren respuesta rápida.
El PSOE, con Joaquín Martínez, reconoció compartir la preocupación por que ningún trámite dificulte la protección del menor y pidió prudencia ante la modificación, recordando que la ley lleva poco tiempo en aplicación. Sumar respaldó la tramitación para debatir mejoras técnicas sin desmontar el modelo general, mientras Junts criticó la implantación de los MASC por ser un requisito «indiscriminado» que genera retrasos y afecta a los casos con elementos de extranjería.
Vox apoyó la iniciativa pese a acusar al PNV de oportunismo por haber respaldado antes la norma que ahora pretende reformar. El BNG también votó a favor y reclamó mejorar los medios de los juzgados. ERC fue el único grupo que votó en contra: su diputada Pilar Valluguera defendió el modelo de los MASC y consideró que solo han transcurrido siete meses desde su entrada en vigor, por lo que pidió dar más tiempo a las medidas.
El origen de la reforma: los retrasos que denuncian los abogados de familia
La reforma responde a las quejas de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), que ha sostenido que la obligación de acudir a los MASC antes de interponer una demanda alarga las separaciones conflictivas e impide resolver asuntos urgentes para la protección de los menores, como la autorización para un cambio de colegio, un viaje, una actividad extraescolar o el inicio de una terapia. La asociación considera que las cuestiones vinculadas a los derechos alimenticios, de vivienda y de relación con los progenitores exigen una respuesta rápida por parte de los tribunales.
La Ley Orgánica 1/2025, conocida como ley Bolaños por el nombre del ministro de Justicia, entró en vigor en abril de 2025 con el objetivo de fomentar la cultura del acuerdo y reducir la litigiosidad. La proposición del PNV reconoce que la norma puede ser positiva en términos generales, pero sostiene que su aplicación a los procesos de familia con menores ha demostrado efectos adversos que aconsejan una modificación puntual.
El texto también plantea que el inicio de un proceso de mediación a través de un MASC compute como inicio del procedimiento judicial, con el objetivo de evitar que los padres de nacionalidad extranjera trasladen los procedimientos a otros países presentando antes la demanda en su jurisdicción.