Junts pidió retirar los textos
La Ejecutiva de Junts per Catalunya acordó por unanimidad, la noche del jueves 1 de octubre de 2026, oponerse a la convalidación de los dos decretos de vivienda que el Gobierno había llevado al Congreso. La dirección del partido se reunió telemáticamente y pidió retirar los textos antes de la votación convocada para el viernes 2 de octubre.
Junts reclamó que el Gobierno preparara nuevos textos y que el Consejo de Ministros los aprobara. La formación dijo que, en esas condiciones, daría su voto favorable. El Gobierno decidió no retirar los decretos y mantener la sesión parlamentaria.
Dos decretos con medidas distintas
Los decretos abordaban medidas diferentes. El primero reunía un paquete amplio: incluía protección frente a los desahucios en determinados casos hasta el 31 de diciembre de 2030, límites a la compra especulativa de vivienda hasta finales de 2028 y regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. También contemplaba un IVA del 10 % para los pisos turísticos, deducciones fiscales para inquilinos y bonificaciones para pequeños propietarios.
Ese primer texto preveía además prórrogas de hasta dos años para ciertos contratos de alquiler que vencieran antes del final de 2028. El segundo decreto, separado del paquete, establecía la renovación automática de contratos de alquiler de vivienda habitual.
El peso de los votos en el Congreso
La posición de Junts podía inclinar la votación del primer decreto. El partido tenía siete diputados y el PNV y Coalición Canaria habían anunciado que apoyarían ese texto; por eso el voto de Junts era determinante para los apoyos previstos.
El escenario del segundo era distinto: tanto el PNV como Coalición Canaria habían comunicado que votarían en contra, de modo que Junts no era decisivo para ese texto. Podemos, por su parte, había anunciado su apoyo a los dos decretos.
El apoyo de Podemos y el contexto de las movilizaciones
Podemos comunicó que sus cuatro diputados respaldarían ambos decretos después de reunirse con la Confederación de Sindicatos de Inquilinos. La formación calificó las medidas de insuficientes, pero sostuvo que las apoyaría.
La discusión parlamentaria llegó en un contexto de movilizaciones por la vivienda. Los textos se habían aprobado después del impacto y las protestas relacionadas con el desahucio de una mujer mayor a la que se identificó como Maricarmen.
Los argumentos enfrentados
Junts justificó su rechazo al afirmar que muchas medidas podían producir el efecto contrario al que buscaban: reducir la oferta de alquiler, elevar los precios y dificultar el acceso a la vivienda. También cuestionó que los decretos protegieran suficientemente a los inquilinos vulnerables y a los pequeños propietarios. Esas consecuencias fueron argumentos de la formación, no resultados acreditados.
El Gobierno defendió que los textos incluían medidas para proteger a personas vulnerables y mantener el acceso a la vivienda, y sostuvo que no los retiraría. La decisión de Junts y la respuesta del Ejecutivo quedaron planteadas antes de la votación convocada para el 2 de octubre.