Mazón alega que la Justicia ya descartó su responsabilidad penal
Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat valenciana y diputado autonómico del PP en las Cortes Valencianas, ha comparecido por segunda vez ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y causó 232 muertos. En su intervención inicial ha sostenido que "el único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado", en referencia al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que, según ha subrayado, descartó su responsabilidad por unanimidad de cinco magistrados.
Mazón ha apoyado su argumento en tres piezas procesales: ese auto del TSJ valenciano, la citación de la jueza de Catarroja —Nuria Ruiz Tobarra— para declarar como testigo y el auto de la Audiencia Provincial de Valencia que autorizó su personación voluntaria en la causa. A partir de esas resoluciones ha anunciado su decisión de no hacer declaraciones públicas mientras siga abierta la instrucción, al considerar que dispone "por fin" de acceso completo al procedimiento. La defensa del expresidente había presentado el 1 de septiembre un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja en el que negaba un nexo causal acreditado entre sus decisiones y las muertes y sostenía que no ocupaba posición de garante.
Silencio ante las preguntas y reproches de los grupos
A lo largo de la sesión, Mazón ha respondido "me remito a mi intervención inicial" a la mayoría de las preguntas. Àgueda Micó (Compromís) le ha preguntado por su "tesis de la inevitabilidad" —la idea de que las muertes se habrían producido igual— y por el envío del Es-Alert; el expresidente no ha contestado y ha defendido que la normativa valenciana de emergencias es clara respecto a su papel. Javier Sánchez Serna (Podemos) le ha pedido que entregue los mensajes intercambiados con su jefe de gabinete el día de la tragedia y Mikel Otero (Bildu) le ha preguntado si asumió el mando de la emergencia al llegar al Cecopi, en L'Eliana, algo que Mazón ha negado.
Los reproches se han endurecido con las intervenciones de ERC y Sumar. Gabriel Rufián ha trasladado al compareciente varias preguntas redactadas por familiares de víctimas, sin obtener respuesta, y ha sido llamado al orden tras emplear términos como "homicida imprudente" o "psicópata", lo que ha provocado protestas del PP y varias intervenciones de la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez. Por su parte, PP y Vox han defendido que los tribunales no han hallado fundamento para considerar delictivos los hechos y han cuestionado el enfoque de la comisión, mientras PSOE, Compromís, Sumar, ERC, Bildu y Junts han exigido responsabilidades políticas por lo ocurrido.
Víctimas, aforamiento y contexto procesal
A las puertas del Congreso, asociaciones de víctimas de la dana han reclamado "verdad, justicia y reparación" y han criticado que Mazón mantenga su escaño. Su condición de diputado autonómico del PP le confiere aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, lo que limita la capacidad de la jueza de Catarroja para citarle en otra condición. Las mismas fuentes han recordado que la instrucción sigue abierta y que la magistrada ha prorrogado la investigación seis meses, hasta después del 30 de octubre, al quedar diligencias pendientes.
En la sesión de la tarde también ha comparecido el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa junto a la exconsellera Salomé Pradas, y se ha acogido a su derecho a no declarar. El escrito de la defensa de Mazón sitúa la responsabilidad de la gestión en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) y niega que el expresidente diera órdenes para modificar o paralizar el envío del mensaje de alerta a la población. La comisión dirime responsabilidades políticas, mientras la instrucción penal continúa en el Juzgado de Catarroja.