La Comunidad de Madrid llevó a la Fiscalía su denuncia por la acampada de Sol
El Ejecutivo regional alegó amenazas, insultos y daños; el tribunal rechazó las medidas cautelares para desalojar el campamento sin resolver el fondo del litigio.
La Comunidad de Madrid presentó ante la Fiscalía Provincial una denuncia que atribuye a participantes de la acampada de la Puerta del Sol amenazas, insultos y daños en bienes públicos. En un procedimiento distinto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas cautelares solicitadas para disolver el campamento, sin pronunciarse sobre el fondo del recurso.
La denuncia y el procedimiento de desalojo fueron actuaciones distintas relacionadas con la acampada.
La denuncia presentada por el Gobierno regional
La Comunidad de Madrid presentó ante la Fiscalía Provincial una denuncia por amenazas, insultos y expresiones ofensivas que, según el Ejecutivo, se habrían dirigido contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la acampada de la Puerta del Sol. El escrito también incluyó fotografías de pancartas y pintadas y denunció daños en bienes públicos y elementos patrimoniales, entre ellos la estatua del Oso y el Madroño, la fachada de la Real Casa de Correos y la estatua de Carlos III.
La Abogacía General de la Comunidad consideró que los hechos descritos podrían ser constitutivos de amenazas, injurias graves con publicidad y delito de odio. La denuncia pidió a la Fiscalía que impulsara diligencias para esclarecer lo sucedido, conservar grabaciones de videovigilancia y determinar posibles responsabilidades. La presentación de la denuncia recoge la posición del Gobierno regional y no equivale a una resolución judicial sobre los hechos.
El tribunal rechazó las medidas cautelares de desalojo
En un procedimiento separado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid para disolver la acampada. La resolución no zanjó el fondo del recurso. Entre los argumentos descritos en la información sobre el procedimiento figuran la falta de acreditación de los requisitos para apreciar inactividad de la Delegación del Gobierno y la necesidad de valorar las alegaciones de la Administración General del Estado antes de adoptar una decisión de desalojo.
El Gobierno regional señaló que estudiaba recurrir la decisión. La petición cautelar y la denuncia ante la Fiscalía fueron actuaciones distintas: la primera buscaba la disolución del campamento; la segunda solicitaba investigar los hechos que la Comunidad atribuyó a participantes de la protesta.
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