El Supremo confirma la condena de Carlos Iglesias de la Cueva por delito fiscal
La pena mantiene seis meses de prisión, una multa de unos 9,8 millones y una indemnización de 19,6 millones de euros más intereses.
El Tribunal Supremo confirmó la condena a Carlos Iglesias de la Cueva por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con la venta, en 2001, de terrenos en Vicálvaro. La sentencia mantiene seis meses de prisión, una multa de unos 9,8 millones de euros y una indemnización de 19,6 millones más intereses.
Importes de la venta, la adquisición y la cuota tributaria fijada en la causa.
El Supremo confirma la sentencia
El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación de Carlos Iglesias de la Cueva y confirmó la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid en noviembre de 2023: seis meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública. La sentencia del Supremo está fechada el 16 de septiembre.
En su recurso, Iglesias alegó que se habían vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías. El Supremo consideró que la Audiencia había valorado las pruebas y alcanzado sus conclusiones de forma razonada.
La venta de los terrenos
La condena se refiere a la venta, en 2001, de tres solares en el distrito madrileño de Vicálvaro por parte de Rolimpa Trading Corporation, cuya gestión estaba a cargo de Iglesias.
La operación se cerró por 46.277.932,04 euros. Rolimpa había adquirido los terrenos en 1989 por 601.012,10 euros. La sociedad se constituyó en Panamá en 1984.
La obligación tributaria
La Audiencia consideró probado que Rolimpa no presentó declaración ni ingresó el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los beneficios de la venta. La cuota defraudada se fijó en 19.624.655,16 euros.
Los tribunales determinaron que la sociedad debía tributar en España por la operación y los terrenos situados en Vicálvaro, aunque estuviera constituida en Panamá. La sentencia atribuyó a Iglesias, como gerente de Rolimpa, responsabilidad por la gestión de la sociedad y la obligación tributaria.
Multa, indemnización y otras consecuencias
Además de los seis meses de prisión, la condena establece una multa equivalente a la mitad de la cuota defraudada, unos 9,8 millones de euros, y una indemnización de 19.624.655,16 euros a la Hacienda Pública, más los intereses de demora.
La resolución también declara a Rolimpa responsable civil subsidiaria si Iglesias no puede afrontar los pagos. La condena incluye, además, la pérdida durante cuatro años de la posibilidad de recibir ayudas o beneficiarse de incentivos fiscales.
Para comprender mejor
Seguir leyendo
Una selección de recursos externos para ampliar el contexto, entender los conceptos y seguir aprendiendo más allá de esta noticia.
Reconocer que una notificación judicial puede señalar un plazo y un órgano ante el que comparecer.
Resolución de 26 de diciembre de 2005, del Director
El extracto menciona una comparecencia ante la Audiencia Provincial de Madrid y un plazo de cinco días. Es una referencia procesal general, no información sobre el procedimiento de esta condena.
Familiarizarse con las menciones al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial en documentación oficial.
BOAM
El extracto del BOAM nombra ambos órganos, lo que ofrece un punto de referencia institucional, aunque no explica sus funciones ni el caso de la noticia.
Entender algunos conceptos de información urbanística municipal relevantes para situar la compraventa de terrenos.
3 Información Urbanística
El documento se titula «Información Urbanística» y el extracto menciona alineaciones oficiales, planeamiento y órdenes de ejecución. Aporta contexto urbanístico general, no datos sobre los solares de Vicálvaro.
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