El Supremo anuló el Real Decreto 905/2025 por defectos de tramitación
El alto tribunal estimó el recurso del Govern de les Illes Balears al considerar injustificada la vía urgente que permitió omitir la consulta pública previa.
El Tribunal Supremo anuló íntegramente el Real Decreto 905/2025, aprobado en octubre de 2025, tras estimar el recurso del Govern de les Illes Balears. Consideró injustificada la tramitación urgente que permitió omitir la consulta pública previa, sin pronunciarse sobre la idoneidad de los requisitos universitarios incluidos en la norma.
El Tribunal Supremo anuló íntegramente el Real Decreto 905/2025, aprobado en octubre de ese año, y estimó el recurso del Govern de les Illes Balears. La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyó que el Gobierno no justificó suficientemente la tramitación urgente; por ello, la omisión de la consulta pública previa carecía del amparo legal exigido. La decisión dejó sin efecto la norma estatal completa.
El tribunal examinó el procedimiento, no si el endurecimiento de los requisitos era necesario. Consideró que la evolución del sistema universitario no acreditaba circunstancias extraordinarias e imprevisibles. Tampoco entendió que el objetivo de aplicar las nuevas reglas en el curso 2025-2026 bastara para justificar la vía urgente.
Los requisitos incluidos en el decreto
Entre las condiciones anuladas figuraban alcanzar al menos 4.500 estudiantes para las nuevas universidades y ofrecer alojamiento estudiantil equivalente al 10 % de las plazas previstas. La exigencia de alumnado formaba parte de los requisitos para la creación y el reconocimiento de universidades; el decreto también incluía condiciones sobre la autorización de universidades y centros universitarios.
El texto establecía que las universidades destinaran al menos el 5 % de su presupuesto a investigación. También fijaba que captaran recursos competitivos para investigación en un volumen equivalente al 2 %. La norma incorporaba, además, exigencias sobre la cualificación del profesorado.
El alcance de la sentencia
La consulta pública previa permite que la ciudadanía y los sectores afectados presenten observaciones durante la elaboración de una norma. Su omisión, derivada de una urgencia que el Supremo consideró insuficientemente justificada, fue el fundamento de la anulación.
El fallo no determina si las exigencias sobre alumnado, alojamiento o investigación eran adecuadas. Resuelve por el defecto de tramitación y, por tanto, no supone una valoración judicial del contenido académico de esos requisitos.
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