La Fiscalía descarta el delito de odio
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha archivado la investigación abierta contra la periodista Pilar Rahola por un presunto delito de incitación al odio contra la población palestina. El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada por dos militantes de la Organización Juvenil Socialista (OJS), que atribuían a Rahola delitos de incitación al odio y complicidad con el genocidio de Israel en Gaza. El decreto concluye que las intervenciones de la periodista en televisión, sus artículos de opinión y sus mensajes en redes sociales no constituyen un delito de odio.
Según el escrito fiscal, para que exista delito de odio el discurso tendría que representar un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que pueda concretarse en actos de violencia, odio o discriminación, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo. La Fiscalía no ha localizado en las expresiones denunciadas ningún llamamiento directo a la realización de actos contra la población palestina, ni consta que Rahola haya instado o animado a cometer actos discriminatorios o violentos. Tampoco aprecia encaje en un delito de complicidad con el genocidio.
Origen del procedimiento y contexto del acto de La Garriga
La denuncia fue presentada el pasado 25 de febrero por dos miembros de la OJS, una organización que en su escrito acusaba a Rahola de aprovechar su proyección mediática para lanzar mensajes que, a su juicio, banalizan y justifican las acciones de Israel contra la población palestina. En la queja se incluían referencias a que el Fondo Nacional Judío bautizó en 2010 un bosque plantado en territorio palestino ocupado con el nombre de la periodista, un extremo recogido del escrito de los denunciantes.
Previamente, Rahola se había querellado contra esos dos militantes por arrojarle pintura roja durante un acto en La Garriga (Barcelona) en 2024 para denunciar su complicidad con el genocidio. Ese procedimiento se encuentra en fase de instrucción. La defensa de Rahola, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, calificó el archivo como una excelente noticia en términos de calidad democrática y sostuvo que las opiniones de la periodista se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión.
La reacción de Rahola y el debate sobre los límites penales
Tras conocer el archivo, Rahola afirmó que siempre había confiado en esa decisión porque, a su juicio, la denuncia no tenía ningún fundamento jurídico y respondía a la voluntad de censurar la opinión libre, neutralizar la disidencia e imponer el pensamiento único. La periodista insistió en que el conflicto de Oriente Medio padece la imposición de un relato único fanatizado e intolerante, en referencia a la existencia y el derecho a la defensa de Israel.
El decreto fiscal se apoya en resoluciones del Tribunal Supremo que archivaron denuncias por delitos de odio contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la exministra Ione Belarra por tildar a Israel de Estado genocida y de apartheid. La Fiscalía traslada ese criterio al caso de Rahola para concluir que las manifestaciones denunciadas forman parte del debate público y no alcanzan relevancia penal. El archivo no admite recurso, según la resolución con fecha del 22 de septiembre de 2026.