Una petición formal con cinco exigencias
La Asociación Española de Desguace y Reciclaje del Automóvil (AEDRA), que agrupa a más de 600 Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) en España, ha trasladado a Wallapop una petición formal para que refuerce el control sobre los vendedores de recambios usados que operan en su plataforma. La organización ha concretado su solicitud en cinco medidas: comprobar la identidad de los perfiles que comercializan repuestos de forma habitual, exigir el CIF, los datos de contacto y el número de autorización como CAT a quienes venden de forma profesional, habilitar un apartado específico para los repuestos de CAT autorizados, retirar con rapidez los anuncios y perfiles fraudulentos, y crear un canal prioritario para que los desguaces puedan aportar pruebas de suplantaciones.
El presidente de AEDRA, Germán Catoira, ha precisado que la petición no busca impedir la venta de recambios en la plataforma, sino que se identifique con claridad a quienes operan profesionalmente y pueda distinguirse a un centro autorizado de quien usa su identidad para cometer un fraude. El objetivo declarado es que el comprador sepa quién está detrás de la operación y cuál es la procedencia de la pieza.
Cómo operan los fraudes descritos
Las fuentes describen un patrón repetido: los estafadores publican recambios muy buscados a precios notablemente inferiores a los del mercado y utilizan la identidad, las fotografías y los datos fiscales de desguaces legalmente constituidos. Tras el primer contacto, envían al comprador una factura proforma con la imagen corporativa del CAT suplantado y solicitan una transferencia bancaria a una cuenta que no pertenece a la empresa real. La pieza nunca llega a entregarse.
Además de los anuncios en la propia plataforma, algunas fuentes mencionan la clonación de páginas web corporativas de los desguaces, con reproducción de su imagen y datos, para dar apariencia de legitimidad a la operación. El perjudicado descubre el engaño cuando ya ha pagado y no obtiene respuesta. Los responsables de los centros suplantados subrayan que el fraude les causa un daño reputacional añadido, porque las víctimas asocian su marca al engaño.
Impacto en víctimas y empresas
Los testimonios recogidos por las fuentes cifran el impacto económico en las víctimas. Javier Goñi, responsable de Desguaces y Recuperaciones Valdizarbe, en Puente la Reina (Navarra), asegura que han atendido cientos de llamadas de perjudicados por operaciones falsas, con importes que sitúa entre los 700 y más de 3.200 euros. Jon Ceberio, de Desguaces Vidaurreta (Guipúzcoa), advierte del deterioro de imagen que sufren los desguaces cuando las víctimas vinculan sus marcas al fraude.
El sector sostiene que el daño no se limita a quienes pierden dinero: la desconfianza afecta también a los vendedores legales, que compiten en el mismo escaparate digital que perfiles sin acreditar. Los centros autorizados recuerdan además que operan bajo obligaciones estrictas de trazabilidad y documentación, mientras que los perfiles fraudulentos no asumen ninguna de esas cargas.
Advertencia a las autoridades y consejos al comprador
AEDRA ha advertido de que, si no se implantan mecanismos eficaces para atajar la situación, trasladará a las autoridades competentes la documentación recopilada para que se investiguen responsabilidades. La patronal no ha concretado plazos ni ha presentado hasta ahora una denuncia formal ante un órgano específico, según la información disponible.
Mientras tanto, la asociación recomienda a los consumidores comprobar que el vendedor es un CAT autorizado, desconfiar de precios anormalmente bajos y, antes de realizar cualquier transferencia, contactar por teléfono o vías oficiales con el desguace cuyo nombre aparece en la oferta para validar que la operación es auténtica.