Del desalojo de Maricarmen al inicio de la acampada
Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante décadas y trasladada al hospital Gregorio Marañón. Falleció el 7 de octubre, tras permanecer ingresada durante dos semanas. Su caso se convirtió en un símbolo de las dificultades de acceso a la vivienda y dio lugar a movilizaciones en distintas ciudades españolas.
La acampada de la Puerta del Sol comenzó la noche del 26 de septiembre, después de una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. El 18 de octubre, cientos de personas seguían en la plaza para reclamar medidas frente a la crisis de la vivienda.
Entre las reivindicaciones iniciales estaban frenar los desahucios, renovar los contratos de alquiler y suspender los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional. El Sindicato de Inquilinas dejó de participar dentro de la acampada el 2 de octubre, aunque las tiendas continuaron instaladas.
La Comunidad de Madrid reclama el desalojo
La Comunidad de Madrid considera ilegal la ocupación y ha reclamado a la Delegación del Gobierno que retire las tiendas; también ha acudido a la vía judicial. El Ejecutivo regional ha alegado problemas de seguridad, posibles daños al patrimonio y dificultades para los comercios. Esas afirmaciones corresponden a la posición de la Comunidad y no se presentan aquí como hechos establecidos.
La disputa institucional continuaba mientras la acampada seguía activa. La Comunidad ha insistido en que debe levantarse, mientras los participantes mantienen sus demandas sobre vivienda. La información disponible no permite afirmar que se haya fijado una fecha para terminar la protesta.
Cierre y reapertura de la estación de Metro de Sol
La estación de Metro de Sol cerró el 16 de octubre y reabrió la noche del 17 de octubre, tras casi 35 horas de interrupción. Metro comunicó que los análisis confirmaban el restablecimiento de las condiciones necesarias de seguridad y salud.
La Comunidad relacionó el cierre con problemas de salubridad y con la acampada. El consejero Mariano de Paco afirmó que la estación podría volver a cerrar si se detectaban nuevos problemas. CCOO, UGT y Solidaridad Obrera, por su parte, negaron haber solicitado el cierre, en respuesta a la afirmación pública de Isabel Díaz Ayuso. CCOO reclamó conocer los motivos de la clausura y pidió responsabilidades.
Las organizaciones sindicales también señalaron que no se les habían facilitado las mediciones que justificarían el cierre. La relación entre la acampada y las condiciones detectadas en la estación fue sostenida por la Comunidad, mientras los sindicatos cuestionaron la explicación y la atribución de la solicitud.