La asamblea optó por continuar y preparar una salida gradual
La asamblea general celebrada el 15 de octubre en la Puerta del Sol debatió el futuro de la acampada por la vivienda. La votación enfrentó dos opciones: levantar el campamento cuanto antes o continuar la protesta y organizar en reuniones posteriores una desescalada progresiva. Ganó la segunda opción. No se fijó una fecha para abandonar la plaza.
Los participantes plantearon crear una comisión política que redactara un manifiesto con las principales demandas y sirviera de hoja de ruta para organizar la retirada gradual y consensuada. La propuesta incluía preparar un acto final. La desescalada y el acto se plantearon como pasos futuros, no como acciones ya realizadas.
El traslado de la movilización a los barrios de Madrid también formó parte del debate. Algunos participantes defendieron que la protesta debía mantener su fuerza fuera de Sol y que la continuidad requería organización colectiva. Otros consideraron que todavía había capacidad para seguir en la plaza. La duración de la eventual retirada, incluida una estimación de varios días, no quedó establecida como calendario acordado.
El origen de la acampada y los asuntos pendientes
La acampada comenzó el 26 de septiembre, tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid contra la crisis de vivienda. La protesta estuvo motivada por el desahucio de Maricarmen Abascal. En las semanas siguientes surgieron réplicas en ciudades españolas, entre ellas Sevilla, Valencia, Málaga y Barcelona, además de acampadas en el extranjero. En la asamblea se defendió extender la movilización a otros barrios y territorios.
Otro asunto relevante fue la situación de las personas sin hogar que se habían instalado en el campamento y utilizaban la plaza como lugar seguro para dormir. Participantes plantearon que se estudiara una solución antes de levantar las tiendas y que no se dejara atrás a quienes se encontraban en una situación vulnerable.
La continuidad de la acampada también estaba condicionada por un contexto de presión institucional. La Comunidad de Madrid había solicitado medidas cautelares para que se desmantelara el asentamiento; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la solicitud. En paralelo, sindicatos como UGT, CCOO, CGT y CO.BAS anunciaron una convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre, que apareció en el debate como referencia temporal para algunos participantes, no como fecha acordada para la retirada.