Anticorrupción pide que avance una rama del caso Koldo contra García, Aldama y Pardo de Vera
La investigación abarca contratos de material sanitario —incluidas pruebas de diagnóstico en Canarias y Baleares— y la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec; el juez debe resolver la petición.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que cierre la instrucción de una rama del caso Koldo y continúe el procedimiento hacia un eventual juicio. La solicitud afecta, entre otros, a Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jésica Rodríguez. Incluye compras de mascarillas y pruebas de diagnóstico por administraciones de Canarias y Baleares. El juez aún debe decidir y la petición no abre por sí misma el juicio oral.
La solicitud fiscal no abre por sí misma el juicio oral; el juez debe resolver.
Una petición, no una apertura de juicio
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que dé por concluida la instrucción de esta rama del caso Koldo y continúe el procedimiento hacia una eventual fase de juicio. La decisión todavía corresponde al juez: la petición fiscal no equivale a una apertura de juicio oral.
Entre las personas para las que Anticorrupción pide que avance el procedimiento figuran Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jésica Rodríguez. La solicitud se refiere a hechos que no quedaron resueltos en el proceso anterior sobre el caso mascarillas.
Contratos sanitarios y contrataciones públicas
La investigación reúne dos ámbitos principales: las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia y la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Las acusaciones fiscales se refieren a hechos pendientes de resolución judicial y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
En el bloque de material sanitario figuran compras de mascarillas de administraciones de Canarias y Baleares. La Fiscalía también sostiene que Koldo García mediaba para esas compras y para la contratación de pruebas de diagnóstico, incluidas pruebas PCR, en ambos territorios. Estas operaciones forman parte de la rama que no se juzgó en el proceso anterior ante el Tribunal Supremo.
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