El juez une a la causa el informe de Adif sobre una obra asturiana
El magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha incorporado a la pieza separada del caso Koldo sobre contratos de obra pública el informe con el que Adif justifica la certificación final de una obra de emergencia ejecutada en la red ferroviaria asturiana. La resolución, fechada el 15 de septiembre, no entra en el fondo ni declara irregularidad alguna: se limita a dar traslado del oficio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y del documento remitido por el administrador ferroviario al Ministerio Fiscal y al resto de partes personadas.
El documento se refiere a la estabilización de los taludes de las trincheras situadas entre los puntos kilométricos 4/230 y 4/560 de la línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia, de la red de ancho métrico, en Asturias. La actuación se tramitó por la vía de emergencia y se adjudicó a Levantina Ingeniería y Construcción, una de las empresas señaladas en el relato de la UCO sobre presuntos amaños de obra pública vinculados a la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
La defensa de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, había solicitado al juez que reclamara la certificación final de esos trabajos meses atrás. La documentación fue solicitada por la Guardia Civil en la sede de Adif en Madrid a partir de un requerimiento judicial y remitida por la secretaría general del organismo el mismo día de la personación policial.
Qué certifica Adif sobre los trabajos adjudicados a Levantina
El informe de Adif recoge que la declaración de emergencia se activó tras un desprendimiento en el talud de la margen derecha en el entorno del punto kilométrico 4/300, ocurrido el 14 de octubre de 2020, que afectó a la vía y obligó a ejecutar trabajos de refuerzo para evitar nuevos deslizamientos. El presupuesto inicial de la actuación se fijó en 489.300 euros antes de IVA, según la documentación incorporada a la causa.
La certificación final sitúa la ejecución material en 373.405,45 euros, distribuidos en cuatro capítulos: 13.893,89 euros de tratamiento de vegetación, 325.087,41 euros de refuerzo de talud, 5.718,27 euros de seguridad y salud y 28.705,88 euros en la partida de varios. Adif concluye en su informe que las mediciones certificadas se corresponden con los trabajos ejecutados y que la documentación justificativa resulta suficiente, por lo que recomienda continuar con los trámites administrativos ordinarios.
La propia resolución judicial no valida la tesis de ninguna de las partes: la incorporación del informe mantiene la obra dentro del perímetro de la investigación sobre contratos públicos sin prejuzgar si existió o no irregularidad. La defensa de Pardo de Vera sostiene que la rebaja del importe respecto al presupuesto inicial y la necesidad de varias intervenciones dificultan acreditar un amaño en esta adjudicación concreta.
El perímetro de la investigación y las tesis en disputa
La pieza separada del caso Koldo en la que se integra este informe analiza si desde el entorno del Ministerio de Transportes se favoreció de forma irregular a determinadas constructoras en la adjudicación de contratos de obra pública. En el relato de la UCO aparecen la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el exasesor ministerial Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros nombres, sin que la resolución incorporada al expediente establezca responsabilidades penales.
Los investigadores han recogido conversaciones de noviembre de 2020 en las que, según su relato, Koldo García pidió a la entonces presidenta de Adif que se adjudicara alguna obra a Levantina porque la empresa atravesaba dificultades económicas. Pardo de Vera habría mostrado reticencias iniciales y habría advertido de que la constructora había recibido hacía poco otro encargo. Las fuentes sitúan la adjudicación de emergencia en Asturias aproximadamente un mes después de esa conversación.
La defensa de Pardo de Vera, ejercida por el letrado Gonzalo Rodríguez Mourullo, niega las irregularidades y sostiene que el expediente ahora incorporado a la causa refuerza su versión, ya que el importe finalmente certificado fue inferior al presupuesto previsto. La UCO mantiene abierta la investigación sobre la adjudicación y sobre otros contratos de la misma empresa, sin que hasta el momento se haya dictado resolución de fondo.