Una decisión preventiva sobre las papeletas
La Junta Electoral Provincial de Las Palmas acordó el viernes 6 de noviembre de 2026 posponer la confección de determinadas papeletas para las elecciones generales previstas el 29 de noviembre. La medida comprende las papeletas al Congreso de la candidatura de Unidad del Pueblo Canario (UPC) impugnada por Drago Canarias y todas las del Senado en Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote.
En el Senado las listas son abiertas y las papeletas reúnen a las candidaturas concurrentes. Por ese motivo, el aplazamiento alcanza a todas las papeletas senatoriales de esas tres islas, no solo a las de la coalición cuestionada. La medida es preventiva: no resuelve quién puede utilizar las siglas ni determina la validez definitiva de la candidatura.
La Junta también acordó que las formaciones no utilizaran las papeletas electrónicas remitidas que estuvieran afectadas por la decisión mientras se resuelve el recurso contencioso-administrativo y, en su caso, un eventual recurso de amparo.
El recurso de Drago Canarias
Drago Canarias presentó el jueves 5 de noviembre un recurso contencioso-electoral contra el acuerdo de proclamación de la coalición Unidad del Pueblo Canario. La formación sostiene que el uso de las siglas UPC puede inducir a confusión con la histórica Unión del Pueblo Canario y cita el artículo 46.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece que las denominaciones, siglas o símbolos de las candidaturas no deben confundirse con los usados tradicionalmente por otros partidos legalmente constituidos.
La coalición está integrada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar. Drago afirma que su petición no busca excluir a sus candidatos, sino activar el trámite de subsanación para cambiar la denominación o retirar las siglas de las papeletas. Esa es la posición de la parte recurrente; la controversia de fondo seguía pendiente de resolución judicial.
La formación histórica Unión del Pueblo Canario obtuvo representación en las Cortes Generales y en la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1979. Además, las fuentes identifican una formación política actual, Movimiento UPC, inscrita en el Registro de Partidos Políticos y con sede en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.
Una reclamación separada por los derechos electorales de 2023
Además de la impugnación sobre las siglas, Drago Canarias recurrió el Acuerdo 322/2026 de la Junta Electoral Central, relativo a la atribución de derechos electorales derivados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. La formación sostiene que ha quedado excluida del reparto y reclama que se reconozcan derechos que, según afirma, corresponden a su participación en la coalición Sumar.
Drago señala que la coalición obtuvo en Canarias 107.999 votos, el 10,55 % de los sufragios válidos, y que la candidatura al Congreso por Santa Cruz de Tenerife estuvo encabezada por Alberto Rodríguez. También afirma que la cláusula octava del pacto constitutivo de la coalición le reconocía un 20 % de representación territorial.
La formación reclama, entre otras medidas, 30 minutos de propaganda electoral gratuita en Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española, su incorporación a la Comisión de Radio y Televisión y su inclusión en planes de entrevistas, debates y cobertura. Estas peticiones pertenecen a un recurso distinto del que motivó el aplazamiento de las papeletas.