Sanidad pide a la Abogacía del Estado que actúe para que Madrid cree el registro de objetores al aborto
Mónica García anuncia la petición durante la presentación de una campaña contra el estigma y recuerda que el TSJM ya ordenó iniciar los trámites en marzo
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento ha pedido a la Abogacía del Estado que adopte las medidas oportunas para que la Comunidad de Madrid cree el registro de profesionales objetores al aborto. García se apoya en la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo, que ordenaba iniciar los trámites administrativos, y sostiene que a 1 de septiembre la comunidad no había avanzado más allá de las gestiones iniciales.
Datos clave del anuncio de Sanidad sobre el registro de objetores al aborto y del contexto judicial y sanitario citado.
Sanidad pide a la Abogacía del Estado que obligue a Madrid
Secuencia de los hitos citados en el anuncio sobre el registro de objetores.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento ha solicitado a la Abogacía del Estado que adopte “todas las medidas oportunas” para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley y crear el registro de profesionales objetores al aborto. El anuncio se produjo durante la presentación de una campaña contra el estigma y la culpa asociados a la interrupción voluntaria del embarazo.
García ha explicado que los tribunales ya indicaron a la Comunidad de Madrid que debía crear ese registro y ha afirmado que, a 1 de septiembre, la administración autonómica no había avanzado más allá de iniciar los trámites. La petición se apoya en la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitida en marzo en el marco de un recurso contencioso-administrativo de la Abogacía del Estado contra la inactividad autonómica.
La ley de 2023 y el registro de objetores
Elementos principales del régimen legal del registro de objetores citados en el anuncio.
La normativa sobre salud sexual y reproductiva regula la objeción de conciencia como un derecho individual del personal sanitario, que debe manifestarse con antelación y por escrito. La ley contempla que las comunidades autónomas pongan en marcha un registro de objetores para garantizar la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.
En el caso de Madrid, la ministra ha sostenido que la objeción de conciencia debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo al aborto y ha criticado que la postura del Gobierno autonómico pueda convertirse en un obstáculo para ejercer un derecho reconocido por ley. La Comunidad de Madrid, por su parte, no ha emitido una respuesta pública recogida en las fuentes consultadas.
Campaña contra el estigma y datos de interrupciones
Durante la presentación, Sanidad ha difundido una campaña con el mensaje de que las mujeres tienen derecho a abortar y a hacerlo en la sanidad pública. García ha defendido que cualquier mujer que acuda a un centro sanitario debe encontrar información clara, un profesional que la escuche y un camino sencillo para recibir atención.
La ministra ha recordado que en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados y ha elevado esa proporción al 99% en el caso de la Comunidad de Madrid. A partir de ese dato, ha reclamado organización, formación, profesionales suficientes y circuitos claros para que la prestación forme parte de la atención habitual de la sanidad pública.
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