La Comunidad de Madrid denuncia penalmente al exdelegado del Gobierno por la acampada de Sol
El Ejecutivo autonómico le atribuye prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos; las imputaciones deberán ser examinadas por la Justicia.
La Comunidad de Madrid presentó una denuncia penal contra Francisco Martín Aguirre por su actuación ante la acampada de la Puerta del Sol. La iniciativa llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional en la vía contencioso-administrativa, sin pronunciarse entonces sobre posibles responsabilidades penales.
La denuncia abre una vía penal distinta del procedimiento contencioso-administrativo previo.
Una denuncia por la gestión de la acampada
La Comunidad de Madrid presentó una denuncia penal contra Francisco Martín Aguirre, exdelegado del Gobierno en la región, por su actuación ante la acampada de la Puerta del Sol. La iniciativa se registró ante el Tribunal de Instancia de Madrid y fue anunciada por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
El Ejecutivo autonómico atribuye a Martín presunta prevaricación administrativa por no intervenir para desalojar el asentamiento y omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia sostiene que no se actuó frente a determinadas conductas que, según la Comunidad, se habrían producido durante la protesta.
Las conductas alegadas no son hechos probados
Entre las conductas mencionadas por el Gobierno regional figuran presuntas agresiones físicas y sexuales, daños contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas y delitos de odio. También se alude a amenazas e injurias contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Son alegaciones invocadas por la Comunidad para fundamentar su denuncia; su presentación no acredita por sí sola que esos hechos se produjeran ni que Martín incurriera en responsabilidad penal.
La Delegación del Gobierno manifestó que desconocía el contenido de la denuncia y que no podía valorarla. También defendió que las decisiones adoptadas sobre la acampada se tomaron con respeto a la legalidad vigente y a los derechos fundamentales.
La vía penal se suma a un procedimiento previo
A comienzos de octubre, la Comunidad ya había acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar que se levantara la acampada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas cautelares solicitadas. Esa decisión no determinó si el exdelegado había cometido una infracción penal: la denuncia ahora anunciada plantea una vía judicial distinta.
Antes de dejar el cargo, Martín envió una carta a representantes de los acampados para pedirles que levantaran las tiendas, al considerar que la protesta había tenido un tiempo razonable para expresar sus reivindicaciones y que las circunstancias habían cambiado. La Comunidad mantuvo que esa petición llegó tarde y siguió reclamando el desalojo.
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