El Gobierno acuerda promover un recurso contra 20 artículos de la ley valenciana de acompañamiento

Un acuerdo para impugnar artículos de la ley

El Consejo de Ministros acordó instar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra preceptos de la ley valenciana de medidas fiscales, administrativas y de organización vinculada a los presupuestos de 2026. El acuerdo comprende 20 artículos. La decisión no equivale a una resolución del Tribunal Constitucional, que todavía deberá pronunciarse. La norma fue aprobada en Les Corts a finales de julio con los votos favorables del PP y Vox.

Los argumentos del Ejecutivo sobre vivienda y prestaciones

Uno de los bloques cuestionados afecta a los criterios de «prioridad nacional» y arraigo para acceder a vivienda y prestaciones sociales. El Gobierno sostiene que vincular el acceso al origen del solicitante puede vulnerar la igualdad reconocida en la Constitución, tanto para personas extranjeras como para nacionales cuando el arraigo lo fija la comunidad autónoma. Se trata de los argumentos del Ejecutivo, no de una conclusión judicial.

Rostro descubierto y competencias públicas

El acuerdo incluye la obligación de mantener el rostro descubierto en ámbitos como el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos. El Ejecutivo sostiene que la regulación invade competencias estatales y puede afectar al principio de igualdad; el Tribunal Constitucional aún no ha resuelto esas cuestiones.

Educación y protección de menores

En materia educativa, el Gobierno cuestiona cambios relativos a la promoción de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en los centros. También impugna la prioridad de reagrupación familiar de menores tutelados no acompañados, al considerar que la regulación autonómica no se ajusta a los procedimientos y garantías estatales en materia de extranjería.

Otras disposiciones recurridas

Entre los demás asuntos incluidos figuran la regulación de proyectos estratégicos de energías renovables y cambios en la función pública valenciana. Sobre estos últimos, el Ejecutivo cuestiona el requisito de diez años de antigüedad para que funcionarios de otras administraciones accedan a puestos de dirección profesional, al sostener que no es equivalente al exigido al personal de la Generalitat.