Tramitación urgente para ampliar las plantillas en 2027
El Consejo de Ministros aprobó el 13 de octubre de 2026 la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 700 plazas en 2027: 500 en la carrera judicial y 200 en la fiscal. La aprobación de la tramitación inicia el procedimiento; no significa que los puestos estén ya cubiertos.
El Gobierno estima que la ampliación representa un aumento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla del Ministerio Fiscal. La distribución comprende destinos en las comunidades autónomas y órganos centrales.
Distribución de las nuevas plazas judiciales
De las 500 plazas judiciales, 172 se asignan a la jurisdicción civil, 109 a la social y 69 a la penal. Otras 87 corresponden a órganos mixtos y 42 son de adscripción territorial, que pueden reasignarse en función de los cambios en las necesidades de trabajo.
El plan incluye 11 plazas para secciones de Violencia sobre la Mujer y seis para las de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Añade ocho presidencias liberadas de Tribunales de Instancia y cuatro puestos en la Audiencia Nacional. En el ámbito civil, el desglose especifica 102 plazas para Tribunales de Instancia y 70 para Audiencias Provinciales.
Reparto territorial judicial y fiscal
Andalucía y Cataluña recibirán 94 plazas judiciales cada una. Después figuran Madrid, con 74, y la Comunitat Valenciana, con 53. Para la carrera fiscal, Cataluña tiene la mayor asignación absoluta entre los territorios detallados, con 47 puestos; Andalucía contará con 31 y Madrid con 26.
Canarias recibirá 13 plazas fiscales, equivalentes a un aumento del 8,9% de su plantilla. Esta es la mayor subida porcentual indicada para la carrera fiscal, aunque el mayor número absoluto de plazas corresponde a Cataluña.
El modelo organizativo y la inversión estimada
La ampliación se enmarca en el despliegue de los Tribunales de Instancia, que sustituyen progresivamente a los juzgados unipersonales y agrupan a varios jueces con una oficina judicial de apoyo común. Las plazas previstas abarcan distintos tipos de órganos y destinos.
El Ministerio estima que crear una plaza judicial cuesta unos 100.000 euros con el nuevo modelo, frente a unos 500.000 euros con el sistema anterior. Para las 500 plazas, calcula una inversión aproximada de 55 millones de euros, frente a los 260 millones que habría supuesto el modelo tradicional. Son estimaciones económicas atribuidas al Ministerio, no resultados de una evaluación independiente.
La distribución se trasladará al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía, a las comunidades con competencias transferidas y a los tribunales superiores para recabar propuestas. La aprobación de la tramitación no determina cuándo se cubrirá cada puesto ni qué efecto tendrá sobre los tiempos de resolución.
Declaración de una asociación judicial
Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, calificó la convocatoria como «un avance histórico para adecuar la planta judicial a las necesidades de la Administración de Justicia». La valoración es una declaración de la asociación sobre la medida, no una constatación de sus efectos.
Cambios en la asistencia jurídica gratuita
En la misma reunión, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para modificar el Reglamento de asistencia jurídica gratuita y mejorar, entre otras cuestiones, las compensaciones del turno de oficio.
La reforma contempla una compensación del 125% de la cuantía aplicable al procedimiento para abogados que intervengan en mecanismos adecuados de solución de controversias y alcancen un acuerdo. La medida busca incentivar la resolución extrajudicial de conflictos; su aprobación no demuestra por sí misma cuántos asuntos se resolverán por esa vía.