Cinco proyectos ferroviarios incluidos en la causa
La Audiencia Nacional investiga cinco adjudicaciones de obras de Adif cuyo valor conjunto supera los 343,8 millones de euros. Tres contratos se adjudicaron a Acciona Construcción, en solitario o en unión temporal con otras empresas.
Los expedientes corresponden a la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, el soterramiento de las vías en Murcia, el tramo Pulpí-Vera del corredor de alta velocidad Murcia-Almería, actuaciones en puentes y túneles de la línea Monforte-Lugo y trabajos de emergencia en taludes de la línea Gijón-Pravia. La investigación se tramita en una pieza separada del caso Koldo centrada en presuntas irregularidades en contratos de obra pública.
La inclusión de los contratos en la causa no determina por sí misma que se haya cometido un delito ni acredita que las adjudicaciones fueran amañadas. Esos extremos siguen sometidos a investigación judicial.
Pulpí-Vera: adjudicación por 121,2 millones de euros
El tramo Pulpí-Vera del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería fue adjudicado el 31 de enero de 2019 por 121.196.734 euros a una unión temporal de empresas formada por Acciona y Ferrovial. La UTE había presentado una de las ofertas económicas más caras, pero obtuvo la mejor puntuación en los criterios sujetos a valoración técnica.
En la evaluación técnica, la UTE logró 38,80 puntos; la propuesta de Sacyr Infraestructuras y Azvi obtuvo 37,35. El informe de la IGAE también examinó este contrato y concluyó que la modificación del precio incumplió la normativa. Las referencias disponibles discrepan sobre su cuantía, por lo que no se incluye ese dato.
El informe de Hacienda cuestiona modificaciones de tres contratos
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado remitido a la Audiencia Nacional examinó once contratos de obra pública, cinco de Adif y seis relacionados con carreteras. Respecto a tres contratos de Adif adjudicados a Acciona, sola o junto con Ferrovial, la IGAE concluyó que las modificaciones elevaron el precio ligeramente por debajo del 20% y que incumplieron la normativa aplicable.
En el soterramiento ferroviario de Murcia, el informe cifró las modificaciones en 31,3 millones de euros, un 19,72% del precio inicial. También consideró que las modificaciones no sustanciales superaban el umbral legal. Estas son conclusiones del órgano de intervención sobre la tramitación contractual, no una declaración judicial de culpabilidad.
La IGAE señaló asimismo que en Sant Feliu de Llobregat el precio aumentó un 19,83% mediante una modificación. Para Pulpí-Vera, las referencias difieren sobre el porcentaje y el importe del aumento, por lo que no se cuantifica. La investigación judicial continúa y las observaciones administrativas no determinan por sí solas la responsabilidad penal de personas o empresas.
Una investigación que sigue abierta
El informe de la IGAE se incorporó a las diligencias de la Audiencia Nacional después de que la causa sobre contratos de obra pública pasara a ese tribunal. En abril de 2026, el juez instructor pidió al Ministerio de Transportes documentación sobre dictámenes emitidos en los expedientes investigados y la identificación de los funcionarios que participaron en su elaboración.
El alcance de esta noticia se limita a las obras ferroviarias de Adif y a las conclusiones del informe de intervención sobre modificaciones contractuales. Las presuntas contraprestaciones mencionadas en algunas coberturas no se presentan como hechos acreditados, ya que las referencias disponibles no permiten establecerlas con corroboración independiente suficiente.