La decisión judicial
Al concluir la audiencia del caso Laberinto, celebrada el 23 de octubre de 2026, un juez ordenó prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre. La Fiscalía había solicitado esa medida para los tres investigados.
Para Estefanía Molina, el magistrado dispuso presentaciones periódicas tres días por semana, la prohibición de salir de Ecuador y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. La instrucción fiscal tiene un plazo de 90 días.
La detención y las denuncias de González
Luisa González, excandidata presidencial y dirigente de Revolución Ciudadana, fue detenida en la madrugada del jueves en la provincia de Manabí. Tras su arresto fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil; la audiencia de formulación de cargos se realizó por videoconferencia.
Después de su detención, González denunció que era víctima de una «persecución política» y calificó de «dictadura» al Gobierno de Daniel Noboa. En la audiencia sostuvo que pretende defenderse en Ecuador y afirmó estar dispuesta a colaborar con la justicia; también pidió un trato justo.
Revolución Ciudadana cuestionó la detención y exigió su liberación. La formación anunció que solicitaría medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Izquierda Unida condenó la detención y pidió la liberación inmediata de González.
Qué investiga la Fiscalía
La causa investiga presuntas irregularidades en el origen y la justificación de aportaciones, así como gastos de publicidad de la campaña presidencial anticipada de 2023. Según la Fiscalía, la responsable del manejo económico declaró ante el Consejo Nacional Electoral 64 aportaciones de personas por un total de 201.360 dólares.
La Fiscalía sostiene que entre mayo y octubre de 2023 pudo funcionar un mecanismo paralelo de financiación con recursos presuntamente procedentes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos. La hipótesis fiscal contempla transferencias a proveedores de publicidad y cheques al portador que podrían haberse utilizado para pagar gastos electorales.
El organismo calcula que el presunto esquema habría movilizado aproximadamente 500.000 dólares. La Fiscalía también investiga la hipótesis de que efectivo procedente de Venezuela llegara en cantidades fraccionadas y fuera del control electoral al binomio formado por González y Andrés Arauz. Estas son alegaciones en investigación, no hechos declarados probados.
Entre las personas investigadas figuran también Rafael Correa y Andrés Arauz. Arauz se encuentra asilado en México. El proceso penal abierto contra González y las otras tres personas es por su presunta participación en lavado de activos.
Contexto político y electoral
El Tribunal Contencioso Electoral suspendió a Revolución Ciudadana, que no podrá participar en las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre. La presidenta del partido, Gabriela Rivadeneira, sostuvo que el caso ya había sido juzgado y criticó que la Fiscalía reabriera el expediente semanas antes de esos comicios.
Izquierda Unida vinculó la detención con una escalada de persecución política, una valoración que atribuyó a su Comisión Internacional. Las denuncias de González y de su partido sobre motivaciones políticas no alteran la naturaleza de las medidas cautelares ni constituyen una resolución judicial sobre el fondo del caso.