La condena y sus penas
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, a 17 años de prisión. El tribunal impone 12 años por delitos contra la salud pública y cinco por blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal. También fija multas que superan los 420 millones de euros.
La sentencia aplica la agravante de reincidencia y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La Fiscalía Antidroga había solicitado para Miñanco 31 años y seis meses de prisión.
Dos operaciones de cocaína en 2017
Según los hechos probados que las fuentes atribuyen a la sentencia, Miñanco y el neerlandés Raymond Van Rij dirigían organizaciones concertadas para llevar cocaína desde Sudamérica a Europa. El fallo recoge la introducción de 615 kilos en Países Bajos y el transporte de otros 3.305 kilos a España a bordo del buque Thoran.
La condena se refiere a la operación de 2017, aunque la sentencia se conoció ahora: el juicio había quedado visto para sentencia en marzo de 2025.
El tribunal no acredita la participación de Boye
La Audiencia Nacional absolvió a Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo y falsedad documental. La Fiscalía sostenía que había participado en la elaboración de contratos privados usados para justificar casi 900.000 euros intervenidos en el aeropuerto de Barajas en febrero de 2017, con destino a Colombia según la acusación.
El tribunal concluyó que no podía establecerse de forma inequívoca que Boye hubiese confeccionado esos documentos. Las informaciones sobre el fallo señalan que la sentencia atribuye su elaboración a otro acusado, que se los entregó al abogado para presentarlos ante un organismo público.
El alcance del blanqueo juzgado
La condena por blanqueo se apoya en una operativa empresarial que el tribunal consideró acreditada en relación con Autos Vicmar. En cambio, las fuentes recogen que la Sala descartó otras operaciones atribuidas a la red: consideró que el mero transporte de dinero de origen delictivo no basta por sí solo para probar su introducción en el circuito económico legal.
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; independent corroboration available. Use publishable true. No external sources. Some specific claims: 17 years; 12 for public health/drug offense and 5 for money laundering; fines > €420m, prosecutors asked 31 years 6 months. The court says 2017: 615kg in Netherlands and 3,305.280kg aboard Thoran from South America to Spain, ~3.92t total. Acquits Boye on money laundering and document falsification since court couldn't determine unequivocally he authored private contracts used to justify nearly €900k intercepted in Barajas Feb 2017. Prosecutor's theory: to Colombia for laundering, should clearly be attributed. Court says another accused Manuel González prepared docs (supported sources). Miñanco and Raymond Van Rij organized operations. For laundering, sources say court proved use of Autos Vicmar by Miñanco and partner; mere transportation of dirty money alone does not prove laundering if no introduction into legal economy. Avoid unnecessary details and claims that court deemed funds to have another end. Don't use exact fines due variance. Don't claim sentence non-final (only Estrella Digital). 1568640 / 1568747 / 1577177 are same Europa Press dispatch. 1569690 and 1571243 identical story. At least three different cabeceras / independent lines should back each section. Use 1568449, 1568571, 1569097, 1569690, 1568640, 1572658 where useful. All paragraphs should have section source_ids field with at least 3 different articles. Fields for individual paragraphs don't exist; do **
Boye, absuelto por falta de prueba sobre los contratos
La Audiencia Nacional absolvió a Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo y falsedad documental. La Fiscalía sostenía que había participado en la elaboración de contratos privados presentados para justificar casi 900.000 euros intervenidos en Barajas en febrero de 2017, dinero que, según la acusación, iba a ser trasladado a Colombia.
La Sala concluyó que no se podía establecer de forma inequívoca que Boye hubiera elaborado esos documentos. Las informaciones sobre el fallo indican que el tribunal atribuyó su elaboración a otro acusado, que se los entregó al abogado para presentarlos ante un organismo público.