El requerimiento a HI Iberia
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha requerido a la empresa tecnológica HI Iberia información sobre las solicitudes de imágenes satelitales de la frontera entre Ceuta y Marruecos. El objeto es identificar a las personas u organismos públicos o privados que hayan pedido acceder a esas grabaciones a través de la herramienta SEDA, según el auto difundido este jueves. El periodo de interés abarca del 20 de julio al 7 de agosto.
El requerimiento se dirige al consejero delegado de la compañía y precisa que, en caso de que existan solicitudes, se identifique quién las formuló y a través de qué plataforma. La resolución pone el foco en la zona perimetral próxima a El Tarajal y en el territorio limítrofe con Marruecos, con especial atención al entorno de Castillejos, en un radio de 5.000 metros hacia territorio marroquí y 1.000 metros en territorio español. HI Iberia es la empresa encargada de las cámaras instaladas en la frontera.
Testigos y reconstrucción del operativo
El auto también acuerda la toma de declaración como testigos del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y del que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz. Vivas está citado para el 30 de septiembre y Sanz para el 1 de octubre, la misma fecha fijada para el jefe de la Policía Local de Ceuta. Las citaciones se enmarcan en la investigación sobre lo ocurrido entre el 30 y el 31 de julio, cuando, según la resolución, entraron en la ciudad autónoma entre 75.000 y 85.000 personas.
Para reconstruir el operativo, la instructora reclama las grabaciones de vigilancia del puesto fronterizo de El Tarajal, imágenes de drones y cámaras fijas, así como imágenes satelitales de la zona comprendida entre la playa de Fnideq y la de El Trampolín. La petición busca una reconstrucción cronológica de lo sucedido y de los movimientos e itinerarios seguidos durante ese periodo. También solicita al Estado Mayor de la Defensa cuantas imágenes satelitales disponga del citado intervalo.
Financiación y comunicaciones digitales
La causa incorpora diligencias sobre la financiación de la movilización. La jueza ha encargado a la UDEF de la Policía Nacional y a la UCO de la Guardia Civil informes sobre movimientos económicos relevantes en la zona, el uso de sistemas informales de transferencia de fondos como el hawala, la contratación de transportes colectivos y cualquier operación vinculada a la logística del desplazamiento masivo. La resolución no descarta consultar en fases posteriores al Sepblac u otras unidades especializadas.
En paralelo, se ha acordado abrir una pieza separada de investigación tecnológica, de naturaleza secreta, y se prevén comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a plataformas como Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple para conservar y remitir datos de las cuentas utilizadas en la difusión de la convocatoria entre el 1 de julio y el 15 de agosto. La resolución también ordena analizar imágenes y vídeos para identificar a los participantes en los niveles superiores de organización.