La petición de atención en catalán durante el control
El 13 de julio de 2025, una patrulla de la Guardia Urbana pidió la documentación a una mujer que caminaba por la rambla Prim, en Barcelona, en una zona con el paso restringido. Al pedir explicaciones por la identificación, la ciudadana solicitó que la atendieran en catalán.
El agente se negó a utilizar esa lengua y calificó la petición de «totalitaria». Durante el intercambio también afirmó que obligar a alguien a hablar una lengua que no quiere era «muy de fascistas». La intervención fue objeto de una denuncia presentada por Plataforma per la Llengua.
La sanción municipal y el contexto del derecho lingüístico
Plataforma per la Llengua presentó una denuncia formal ante el Ayuntamiento en diciembre de 2025. Después, la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana investigó la actuación y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes.
El consistorio impuso al agente 24 días de suspensión de empleo y sueldo. Según la explicación municipal, la sanción responde al trato inadecuado y a una negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones. La resolución no es firme y puede ser recurrida.
La entidad denunciante valoró la resolución como un reconocimiento de la vulneración de los derechos lingüísticos de la ciudadana. El artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce el derecho de las personas a relacionarse con las administraciones en la lengua oficial que elijan. La alegación de vulneración formulada por la entidad y el motivo disciplinario comunicado por el Ayuntamiento son planos distintos.
La multa a la ciudadana y las quejas registradas por la entidad
Durante la misma intervención, la Guardia Urbana multó a la mujer por supuestamente «increpar y menospreciar a los agentes». Plataforma per la Llengua asumió su defensa y sostiene que la ciudadana se limitó a reclamar sus derechos lingüísticos; esa es la posición de la entidad, no una conclusión judicial.
El Ayuntamiento rechazó las alegaciones contra la multa y el asunto pasó a la vía contencioso-administrativa. La sanción disciplinaria al agente no ha resuelto por sí sola el recurso de la ciudadana.
Plataforma per la Llengua afirma que, desde 2021, ha registrado 33 quejas por discriminación lingüística contra la Guardia Urbana de Barcelona. La cifra corresponde a los registros de la entidad.