La obligación se aplica desde noviembre de 2026
La resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 6 de noviembre de 2026. Para la campaña 2026/2027, cada almazara debe mantener almacenado el 12 % de su producción declarada acumulada. La obligación se calcula sobre la producción declarada desde noviembre; la correspondiente a octubre de 2026 y a meses anteriores queda excluida.
El aceite retirado puede almacenarse en instalaciones propias o ajenas. Las almazaras deben poder facilitar a la autoridad competente la documentación que acredite las cantidades inmovilizadas y el lugar de almacenamiento. La medida no destruye el producto: este debe permanecer fuera del mercado durante el periodo establecido.
La retirada alcanza unas 188.000 toneladas
La aplicación del porcentaje supone la inmovilización temporal de unas 188.000 toneladas de aceite. El producto debe seguir almacenado hasta el 30 de septiembre de 2027. Cada almazara puede elegir la categoría de aceite que retira, siempre que cumpla el porcentaje fijado sobre su producción acumulada.
La producción mensual y las existencias finales de cada almazara se declaran mediante los canales habituales del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas. Los operadores deben aportar la información requerida y facilitar, cuando corresponda, los controles de la autoridad competente.
El umbral se fijó en el 120 % de la media de seis campañas
El mecanismo se activó porque la suma de la producción prevista para 2026/2027 y las existencias iniciales alcanzó el 120 % de la producción media de las seis campañas anteriores, el umbral establecido en la normativa de comercialización.
El aforo oficial para la campaña es de 1.602.596 toneladas, un 23 % más que en la campaña anterior. Las existencias iniciales se situaron en 357.040 toneladas, un 23,3 % por encima de las de la campaña precedente. Estos datos, comunicados en la resolución, sustentaron la activación del mecanismo.
La medida busca regular la oferta y puede revisarse
El objetivo declarado de la resolución es regular la oferta y estabilizar el funcionamiento del mercado. El Gobierno también presenta la medida como una forma de favorecer la rentabilidad de los agricultores y proteger los intereses de los consumidores. Se trata de finalidades de la norma; por sí solas no demuestran que se hayan producido cambios en los precios o en la rentabilidad.
La resolución prevé un grupo técnico de seguimiento que aprobará el plan de control. La coordinación corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la ejecución, a las comunidades autónomas conforme a sus competencias. La disposición puede modificarse a partir del 31 de diciembre de 2026, según la evolución de la producción y en los términos previstos en la normativa de comercialización.