El periodo y la atribución de Pegasus
Amnistía Internacional identifica a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior marroquí, como responsable de la implantación de Pegasus en Marruecos y de abusos documentados contra activistas y periodistas.
El periodo de uso documentado por la organización va de 2017 a 2021. La publicación recoge también la posibilidad de que se prolongara después, aunque no fija una fecha ni presenta esa continuidad como confirmada.
Para elaborar el informe, Amnistía dice haber combinado testimonios, análisis digitales, registros de vigilancia filtrados y materiales de empresas proveedoras. La atribución es una conclusión de la investigación de la organización, no una resolución judicial sobre la responsabilidad del Estado marroquí.
Los registros de posibles objetivos
Al reexaminar registros de números seleccionados como posibles objetivos entre septiembre y diciembre de 2017, Amnistía vinculó 103 números con personas identificables. De ellos, 65 correspondían a integrantes de la sociedad civil: 34 defensores de derechos humanos, 22 periodistas o trabajadores de medios, cinco abogados y cuatro académicos.
La selección de un número no demuestra por sí sola que el teléfono fuera infectado. Para confirmar una infección, la organización señala la necesidad de un análisis forense del dispositivo.
La atribución de los ataques a dos ministros
En España, el informe atribuye a Marruecos los ataques de Pegasus de 2021 contra los teléfonos de Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. La explicación técnica que recoge es la coincidencia de cuentas de Apple o iMessage asociadas a la infraestructura marroquí con las empleadas para infectar los dispositivos de los dos ministros.
La misma cuenta aparece vinculada a ataques contra la activista francesa Claude Mangin y el periodista marroquí exiliado Hicham Mansouri. Amnistía presenta estos elementos como parte de la base técnica de su atribución y sostiene que la infraestructura específica de cada cliente permite agrupar ataques.
El caso de Pedro Sánchez y la cronología de 2021
Los ataques contra los dos ministros ocurrieron durante la crisis diplomática entre España y Marruecos de mayo y junio de 2021. El informe diferencia esos casos del de Pedro Sánchez: su teléfono también fue infectado con Pegasus durante ese periodo, pero la documentación judicial citada no identifica la cuenta de iMessage utilizada para atacarlo.
Las fechas y los datos recogidos en la investigación sitúan dos infecciones del teléfono de Sánchez, el 19 y el 31 de mayo. Robles fue atacada en junio y Grande-Marlaska sufrió dos infecciones ese mes. La investigación no establece para el presidente el mismo enlace técnico que para los ministros.
Un sistema que combina vigilancia digital y física
El informe describe un aparato de vigilancia que, según Amnistía, no se limitaba a Pegasus ni a la infección remota de teléfonos. Incluye dispositivos móviles previamente infectados, equipos informáticos intervenidos en cibercafés y la instalación encubierta de micrófonos y otros aparatos de grabación en espacios privados.
La organización también recoge el seguimiento de ubicaciones y el uso de personas próximas a los objetivos como informantes. Presenta estas prácticas digitales y físicas como partes de un mismo sistema de vigilancia.
El uso de la información obtenida
Amnistía sostiene que la información íntima obtenida mediante vigilancia podía utilizarse en campañas de desprestigio contra personas críticas. Según la organización, algunas de esas campañas continuaban incluso después de que las personas afectadas fueran excarceladas.
El informe afirma que estas prácticas afectan a la privacidad y pueden restringir la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Proveedores y recomendaciones
Amnistía menciona entre los proveedores internacionales de tecnologías de vigilancia a NSO Group, Memento Labs, Gamma Group y FinFisher, con empresas radicadas en Israel, la Unión Europea y Estados Unidos. La organización señala que Marruecos ha negado reiteradamente el uso de programas espía contra su población.
La entidad pide que cese la vigilancia ilícita de periodistas y defensores de derechos humanos, que se investigue de forma independiente la actuación de la DGST y que se suspendan las exportaciones de estas tecnologías a Marruecos hasta que existan garantías de derechos humanos.