Opiniones recogidas antes de los acontecimientos posteriores
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el Barómetro de Vivienda 2026 en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El trabajo de campo se realizó del 22 al 30 de junio de 2026.
La recogida de respuestas terminó antes del desahucio de Maricarmen Abascal y de las movilizaciones posteriores vinculadas a ese caso, incluida la acampada de Sol. Por tanto, el sondeo refleja las opiniones registradas en junio y no una reacción de las personas encuestadas a esos acontecimientos.
En esa medición, el 76,3% consideró que el Estado debía intervenir en el mercado de la vivienda tanto como fuera necesario para garantizar el acceso. El respaldo a ampliar la oferta pública fue aún mayor: el 91,4% opinó que las administraciones deberían construir más vivienda pública.
El 79% consideró que la política de vivienda debía priorizar el derecho a la vivienda como derecho constitucional; el 13,5% opinó que debía primar su consideración como bien de mercado. La situación preocupa mucho o bastante al 86,9% de las personas encuestadas, y un 41,5% afirmó que les estaba perjudicando personalmente.
Apoyo a medidas de oferta y regulación
Entre las medidas planteadas, el 95,4% respaldó reducir los impuestos en la compra de la primera vivienda. También tuvieron apoyo la recuperación de viviendas públicas vendidas a empresas, con un 83,1%, y la creación de una empresa pública estatal de vivienda, con un 76,3%.
El 75,6% apoyó limitar los pisos turísticos. Congelar los precios del alquiler durante dos años contó con el respaldo del 70,6%, mientras que el 72% apoyó subir los impuestos a los grandes tenedores, definidos en el sondeo como propietarios de diez viviendas o más.
Menor respaldo a la expropiación
Las propuestas de expropiación recibieron menos respaldo. Casi la mitad apoyó expropiar suelo para construir vivienda pública. En el caso de las viviendas vacías, el 40% estuvo a favor y el 54,3% en contra; la propuesta no reunió una mayoría favorable.
Tenencia, barreras de compra y competencias
Las respuestas también reflejan distintas situaciones residenciales: el 55% declaró vivir en una vivienda en propiedad, el 24,1% en una alquilada y el 20% en una cedida o sin pagar alquiler. Entre quienes alquilan, el 32,7% consideró que pagaba por encima del precio de mercado, el 39% dijo pagar un precio acorde y el 23,6% afirmó pagar por debajo.
El 80,6% no tenía previsto comprar una vivienda en los dos años siguientes, frente al 18,4% que sí lo contemplaba. Entre quienes preferían vivir en propiedad, pero no planeaban comprar en ese plazo, el principal obstáculo era reunir el dinero de la entrada: lo señaló el 80,7%. Además, el 71,3% dijo no contar con ingresos suficientes para afrontar las cuotas.
Sobre el reparto de competencias, el 36,1% identificó a las comunidades autónomas como las administraciones con más atribuciones actuales en materia de vivienda. Sin embargo, el 44,5% consideró que el Estado debería tener más competencias para mejorar el acceso.