La Ciudad ofrece tres parcelas junto a la prisión
El Gobierno de Ceuta ha solicitado al Estado la concesión de tres parcelas situadas junto al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, cerca del centro de menores de Piniers, para habilitar unas 2.000 plazas de acogida. Los terrenos son propiedad de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, y los servicios técnicos municipales consideran que reúnen condiciones adecuadas, entre ellas estar alejados de zonas residenciales, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez.
La propuesta se articula en dos escenarios. El prioritario es que el Ministerio de Inclusión levante en esos suelos un nuevo campamento con capacidad aproximada para 2.000 personas adultas, una necesidad que la Ciudad identifica como el principal problema trasladado por el Gobierno central. El recinto funcionaría como alternativa a las naves acondicionadas de forma provisional y contribuiría a descongestionar los recursos que siguen en funcionamiento.
El segundo escenario se activaría si el Estado concluye que las parcelas no son adecuadas o decide no utilizarlas. En ese caso, el Gobierno ceutí pedirá formalmente su cesión para ampliar su red de acogida de menores no acompañados, con un recurso similar al de Piniers, situado en las proximidades, lo que facilitaría su gestión.
Menores identificados y capacidad pendiente de confirmación
Según los datos mencionados por el portavoz ceutí, la Policía Nacional tendría identificados alrededor de 2.400 menores, aunque podría haber más pendientes de filiación. Ramírez ha asegurado que todos los menores localizados, identificados y derivados oficialmente al área de Menores disponen en estos momentos de alojamiento, y ha situado la preocupación en el futuro inmediato si continúan las identificaciones y aumenta el número de jóvenes que pasan a depender de los servicios municipales.
La capacidad definitiva de las parcelas dependerá del proyecto y de las infraestructuras que puedan instalarse. Los estudios preliminares de los servicios técnicos de la Ciudad apuntan a que el conjunto podría albergar en torno a 2.000 personas, distribuidas en tres superficies escalonadas con acceso hacia la zona fronteriza del Tarajal. La Ciudad sostiene que esa ubicación permitiría minimizar el impacto sobre las barriadas y evitar tensiones en entornos residenciales.
El ofrecimiento ya ha llegado al Ministerio de Inclusión. Responsables estatales han visitado la zona y, según Ramírez, se están estudiando las condiciones del suelo y las actuaciones necesarias. La Ciudad asegura que lleva varios días sin recibir una respuesta oficial sobre si el Estado incorporará estas parcelas a su dispositivo de acogida.
Intervenciones policiales en pisos de migrantes
En paralelo a la búsqueda de espacios, la Policía Nacional ha desarrollado en Ceuta varias intervenciones contra los denominados pisos patera. En una de ellas, practicada la tarde del lunes en la barriada de Loma Colmenar, halló a 14 personas migrantes en situación irregular y detuvo a dos personas acusadas de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía. La vivienda es una de las 317 protegidas de la zona próxima al Hospital Universitario.
En la barriada de Benítez, la Policía Nacional, a requerimiento de la Policía Local, desalojó una casa del Residencial Luvalsa ocupada irregularmente. Los agentes localizaron a siete migrantes marroquíes, de los que dos eran menores de edad. Los propietarios de la casa residen en Madrid y han asegurado que la tenían alquilada a una persona que supuestamente la habría realquilado a los migrantes.
El portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, ha señalado que la Ciudad espera los informes completos para determinar las consecuencias administrativas en los casos de viviendas de promoción pública. Los servicios jurídicos han recordado que los contratos contemplan la posibilidad de resolverlos por este tipo de incumplimientos, con posibles sanciones económicas y riesgo de perder la vivienda adjudicada.