El PSOE propone destinar el 1% del PIB a vivienda y gravar inmuebles de grandes propietarios
Su programa plantea crear un parque público de 100.000 viviendas, ampliar los alquileres y reformar el artículo 47 de la Constitución.
El programa electoral del PSOE propone movilizar cada año el equivalente al 1% del PIB para facilitar el acceso a la vivienda y constituir un parque estatal de 100.000 viviendas públicas. También plantea ampliar los contratos de alquiler, aplicar un impuesto progresivo a viviendas de grandes propietarios y fondos que no se destinen al alquiler residencial asequible y reformar el artículo 47 de la Constitución.
El programa combina inversión pública, ampliación del parque de vivienda y cambios fiscales y constitucionales.
Inversión y vivienda pública
El programa electoral del PSOE propone movilizar cada año el equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) para facilitar el acceso a la vivienda. El compromiso se plantea como una prioridad para la próxima legislatura y prevé la participación de las administraciones públicas y del Instituto de Crédito Oficial.
Entre las medidas figura constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y adquisición. Se sumaría a las viviendas promovidas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos y se orientaría a ampliar la oferta de venta y alquiler asequible.
El programa también plantea ampliar la duración de los contratos de alquiler para dar más estabilidad a las personas inquilinas, pero no concreta el plazo de extensión.
Impuesto progresivo y reforma constitucional
El PSOE propone un impuesto progresivo sobre la posesión de viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial asequible. El programa incluye entre los inmuebles sujetos a la medida los vacíos, los dedicados a fines turísticos y los alquilados a un precio considerado abusivo.
La propuesta busca, según el programa, favorecer el uso residencial asequible de las viviendas y frenar la acumulación especulativa. Se trata de una medida planteada para la próxima legislatura, no de un impuesto ya vigente.
El programa también propone reformar el artículo 47 de la Constitución para que el acceso a una vivienda digna se considere un derecho fundamental que la ciudadanía pueda exigir ante los poderes públicos.
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