Dos decretos y dos calendarios de aplicación
El 6 de octubre de 2026, el Consejo de Ministros aprobó dos nuevos reales decretos-ley de vivienda. Recuperaban, con modificaciones, medidas de dos textos que el pleno del Congreso había rechazado el viernes anterior. El Ejecutivo presentó el conjunto como un paquete de 21 medidas. La aprobación se produjo tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
Con las Cortes disueltas, la convalidación o derogación correspondía a la Diputación Permanente. Los dos textos tenían calendarios distintos: el decreto con el grueso de las medidas comenzaría a aplicarse tras su publicación en el BOE y quedaba sujeto a convalidación; el decreto sobre renovación automática de contratos no entraría en vigor si la Diputación Permanente no lo convalidaba.
Financiación, alquiler y oferta de vivienda
El decreto con el grueso de las medidas contemplaba una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, para conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes compraran su primera vivienda. La propuesta no fijaba un límite de edad para las personas beneficiarias.
En materia de alquiler, el texto incluía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos próximos a vencer antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el inquilino estuviera al corriente de pago. También contemplaba límites a las actualizaciones de renta, con un tope del 2% en los supuestos previstos. Además, mantenía la suspensión de los desahucios para las personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.
Para ampliar la oferta, el paquete sumaba 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones en ayudas a la promoción de vivienda social. Estas últimas podían servir para financiar hasta 30.000 viviendas.
El Gobierno anunció además que Casa 47 incorporaría miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social para destinarlos a vivienda. No se detallaron el número exacto de inmuebles ni el calendario de esa operación.
Renovación automática y apoyos parlamentarios
El segundo decreto proponía la renovación automática de los contratos de alquiler al llegar a su vencimiento, por un periodo equivalente al inicialmente pactado: cinco o siete años, según el tipo de arrendador. Su entrada en vigor quedaba condicionada a que la Diputación Permanente lo convalidara.
El PNV anunció que respaldaría el decreto con el grueso de las medidas y votaría en contra del texto sobre renovación automática. Maribel Vaquero, portavoz de la formación en el Congreso, calificó el paquete de «parche» y pidió medidas estructurales. Pedro Sánchez reconoció que los decretos no bastarían por sí solos para resolver los problemas de acceso a la vivienda.