Un anuncio pendiente de acuerdo
El 28 de septiembre de 2026, Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros abordaría al día siguiente un real decreto con medidas urgentes de vivienda. El presidente pidió a los grupos parlamentarios que facilitaran su posterior convalidación; la propuesta aún estaba en negociación y el anuncio no equivalía a su aprobación ni a su entrada en vigor.
El Ejecutivo presentó el paquete como una respuesta amplia a los problemas de acceso a la vivienda. El Ministerio lo ordenaba en diez ámbitos, aunque la concreción de las medidas seguía abierta mientras intercambiaba propuestas con los grupos políticos.
Alquileres, fondos e incentivos
Entre los ámbitos anunciados figuraban medidas para proteger a hogares vulnerables frente a los desahucios, limitar compras especulativas de vivienda por fondos y dar más estabilidad a los alquileres. También se planteaba regular los contratos de temporada para evitar que se presenten como temporales arrendamientos que cubren una necesidad residencial permanente. El mecanismo concreto para las compras de fondos y el alcance de las medidas de alquiler no estaban cerrados.
La propuesta incluía asimismo cambios fiscales relacionados con los alquileres y las viviendas turísticas. El Gobierno también planteaba ayudas para la compra de una primera vivienda, especialmente para personas con capacidad de asumir una hipoteca pero sin ahorro previo, y una rebaja del IVA para impulsar la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.
Incentivos y negociación parlamentaria
El paquete combinaba bonificaciones para inquilinos y ventajas fiscales para propietarios que redujeran las rentas con medidas para ampliar o preservar la oferta asequible. Entre estas últimas se anunciaron la protección del parque estatal de vivienda y cambios tributarios para las viviendas turísticas. Las condiciones concretas de las ayudas y los incentivos no estaban definidas en la propuesta difundida.
El respaldo parlamentario seguía siendo el principal obstáculo. Sánchez pidió apoyo a las fuerzas del Congreso, mientras Sumar sostenía que el texto estaba lejos de sus demandas. La negociación también debía conciliar las posiciones de los grupos necesarios para que el decreto pudiera ser convalidado.