Doble ofensiva institucional desde Córdoba y el Parlamento
El grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba ha registrado una moción para que la institución provincial se pronuncie sobre la actuación de la Junta de Andalucía en relación con el proyecto de planta de biometano previsto en Baena y sobre la posición expresada desde el municipio. La iniciativa se debatirá en el Pleno y pretende, según su impulsor, que la Diputación fije con claridad su postura respecto al procedimiento autonómico abierto en torno a la instalación.
En paralelo, la parlamentaria andaluza de Por Andalucía Rosa María Rodríguez ha anunciado una batería de iniciativas en el Parlamento de Andalucía para reclamar una norma autonómica que determine qué zonas pueden acoger plantas de energías renovables y bajo qué condiciones, así como una moratoria para las nuevas solicitudes mientras se tramita esa regulación.
Los dirigentes han vinculado expresamente esas dos vías a su rechazo al proyecto de biometano de Baena y han subrayado su colaboración con la plataforma ciudadana Stop Biometano, a la que atribuyen buena parte de la contestación social contra la instalación.
Voluntad municipal y competencias urbanísticas
El concejal de IU en el Ayuntamiento de Baena, David Bazuelo, ha explicado que el consistorio seguirá utilizando sus competencias urbanísticas para tratar de impedir que el proyecto siga adelante. Según ha relatado, la principal estrategia es la modificación del planeamiento municipal para fijar las condiciones que dificulten la instalación, después de que el expediente pasara por diferentes trámites técnicos.
Bazuelo ha defendido que la posición del municipio es clara y ha recordado que la contestación social ha sido constante desde que se conoció la iniciativa. Asimismo, ha subrayado que la tramitación urbanística municipal es la vía principal que mantiene el Ayuntamiento mientras se resuelve el encaje del proyecto.
El edil ha cuestionado que la instalación proyectada, con capacidad para tratar hasta 400.000 toneladas anuales de residuos, responda a las necesidades del municipio. Frente a esa cifra, ha sostenido que Baena no alcanzaría las 100.000 toneladas, por lo que, a su juicio, el proyecto tendría que recurrir a residuos procedentes de otros territorios.
El estado administrativo del expediente
La tramitación del proyecto se encuentra en un punto de cruce entre administraciones. La Junta de Andalucía ha emitido un informe de incidencia territorial sobre la coherencia del proyecto con la planificación vigente, un documento preceptivo y vinculante exigido con carácter previo a que el Ayuntamiento autorice actuaciones extraordinarias en suelo rústico, según la versión difundida por la Delegación del Gobierno autonómico.
Ese informe se pronuncia sobre la coherencia territorial y paisajística de la actuación y no sustituye otros pronunciamientos sectoriales, entre ellos la Autorización Ambiental Integrada, que se tramita por separado ante la Consejería competente en medio ambiente. La propia Junta subraya que el Ayuntamiento conserva sus competencias urbanísticas para fijar condiciones de implantación o para denegar la autorización con fundamento propio.
El Ayuntamiento de Baena ha sostenido que mantiene la vía urbanística como estrategia y ha ido dando pasos administrativos en esa dirección. La secuencia concreta de trámites, fechas y acuerdos forma parte del proceso municipal y autonómico en curso, con la posibilidad de que el asunto acabe en los tribunales.