La disputa por la dirección del Constitucional
La crisis se intensificó cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska suspendió temporalmente a Bogdan Święczkowski y a Bartłomiej Sochański, presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional, y asumió la dirección del órgano. Los afectados rechazaron la medida y cuestionaron la autoridad de la jueza. Korwin-Piotrowska alegó irregularidades en el funcionamiento del tribunal y en la incorporación de magistrados elegidos por el Parlamento.
El presidente Karol Nawrocki calificó la intervención de «toma por la fuerza» y pidió la retirada de las fuerzas de seguridad desplegadas en el entorno del tribunal. También convocó consultas urgentes con representantes de partidos para abordar la crisis. Tras interrumpir un viaje al extranjero, regresó a Varsovia y acudió al tribunal, donde se produjeron protestas y enfrentamientos.
Cientos de personas protestaron durante la noche ante el Tribunal Constitucional y la Policía detuvo a tres tras incidentes en el perímetro de seguridad. Los relatos del episodio también describen empujones y lanzamientos de objetos.
Consultas presidenciales y posiciones políticas
A las consultas convocadas por Nawrocki acudieron representantes de Ley y Justicia (PiS), Confederación, el Partido Popular Polaco (PSL), Polska 2050 y Razem. La Coalición Cívica de Donald Tusk no envió representantes, y la Nueva Izquierda tampoco participó. Los socios de la coalición de izquierda alegaron que no habían recibido invitación. La asistencia de PSL y Polska 2050 mostró que la ausencia de la formación de Tusk no equivalía a la retirada de todos los socios del Gobierno.
En un discurso televisado, Donald Tusk defendió la actuación de su Gobierno y sostuvo que un Estado democrático debe hacer cumplir la justicia. También descartó un acuerdo con la oposición sobre el Tribunal Constitucional. Nawrocki, por su parte, denunció una vulneración del orden constitucional y pidió retirar las fuerzas de seguridad del tribunal. Son posiciones enfrentadas, no una resolución judicial sobre la disputa.
Krzysztof Bosak, uno de los líderes de Confederación, declaró que su partido presentaría una resolución para acortar el mandato del Parlamento (Sejm) y sostuvo que el Gobierno de Tusk debía ser destituido de forma legal. Por separado, Szymon Hołownia, de Polska 2050, reclamó una desescalada y un acuerdo entre el presidente y el primer ministro.
Un conflicto sobre la composición y la autoridad del tribunal
La disputa se inscribe en un desacuerdo más amplio sobre la composición y la autoridad del Tribunal Constitucional. El Gobierno de Tusk ha impulsado nombramientos de magistrados que Nawrocki no ha aceptado juramentar en su totalidad. Święczkowski se ha negado a reconocer a algunos de los jueces elegidos por la mayoría parlamentaria. Las partes mantienen posiciones incompatibles sobre quién puede ejercer como magistrado y dirigir el órgano.
El enfrentamiento tiene antecedentes en las reformas judiciales impulsadas durante los gobiernos de Ley y Justicia entre 2015 y 2023. Tusk llegó al poder con la promesa de revertir parte de esos cambios, mientras la oposición presidencial ha dificultado la incorporación de nuevos magistrados. La disputa ha generado una autoridad dividida dentro del tribunal: Korwin-Piotrowska y Święczkowski no reconocen la posición del otro.
La confrontación también se trasladó a la gestión cotidiana del tribunal. Święczkowski siguió dando instrucciones como presidente pese a su suspensión, mientras Korwin-Piotrowska impartió órdenes propias sobre el trabajo de los magistrados y del personal. El pleno anunciado para el 3 de noviembre se perfilaba como otra prueba del conflicto, porque los dos bandos no reconocían la misma autoridad para convocarlo ni a los mismos magistrados para decidir.