Andalucía aprueba el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028
La planificación establece tres líneas de actuación, criterios para orientar las inspecciones y una vigencia inicial de dos años, prorrogable por una anualidad.
Una orden de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio aprobó el plan andaluz de inspección de vivienda protegida para 2026-2028. Prevé controles sobre promociones, uso y condiciones de las viviendas, además del seguimiento de procedimientos sancionadores ya resueltos.
La planificación combina criterios para orientar las inspecciones con líneas de actuación y mecanismos de evaluación.
Prioridades y alcance del plan
La Orden de 10 de noviembre de 2026 aprobó el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028. La disposición se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 17 de noviembre de 2026 y establece las prioridades y líneas de actuación de la inspección en la comunidad autónoma.
Entre las actuaciones previstas figuran comprobar que las viviendas protegidas se destinan a residencia habitual y permanente, detectar posibles viviendas desocupadas o utilizadas con fines turísticos incompatibles con su régimen, y examinar transmisiones o arrendamientos que pudieran superar los precios máximos permitidos.
La selección de las actuaciones tendrá en cuenta, entre otros aspectos, las zonas con precios de vivienda más elevados, los municipios con mayor población, la presencia de promociones protegidas y la concentración de viviendas turísticas. También se consideran la repercusión de posibles irregularidades y las características de cada ámbito. Estos criterios orientan la planificación: la aprobación del plan no significa que todas las viviendas protegidas vayan a ser inspeccionadas.
Tres líneas de actuación y evaluación
La actividad inspectora se organiza en tres líneas. La primera controla las promociones de vivienda protegida y el cumplimiento de la normativa aplicable. La segunda comprueba el destino de las viviendas como residencia habitual y permanente, así como las condiciones de venta, alquiler y publicidad. La tercera contempla el seguimiento de procedimientos sancionadores ya resueltos para prevenir la reincidencia.
El plan prevé actuaciones específicas ante situaciones conocidas mediante denuncias, información de las delegaciones territoriales o indicios detectados por autoridades y funcionarios competentes. La Inspección de Vivienda elaborará un informe cada año sobre el desarrollo de las actuaciones y las dificultades que puedan surgir; al finalizar la vigencia se realizará una evaluación general de los resultados y del cumplimiento de los objetivos.
La vigencia inicial es de dos años desde el día siguiente a la publicación y puede prorrogarse por una anualidad. La orden establece así el periodo de planificación, sin que ello equivalga a la ejecución automática de inspecciones sobre todas las viviendas protegidas.
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