CEOE y Cepyme cuestionan el carácter laboral de la huelga por la vivienda

La objeción de las patronales

En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme rechazaron la huelga general anunciada por UGT y CCOO y pusieron en duda que sus reivindicaciones sean, en lo esencial, de naturaleza laboral. Las patronales sostienen que las demandas se dirigen principalmente a impulsar cambios legislativos y presupuestarios sobre vivienda, materias que atribuyen a las administraciones públicas y no a la gestión de las empresas.

Desde esa interpretación, las organizaciones empresariales consideran que el paro trasladaría a las empresas, a sus plantillas y a la actividad económica el coste de una presión dirigida contra decisiones del Gobierno. También cuestionaron el momento de la movilización porque coincide con la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre; sostienen que la actividad empresarial no debería utilizarse para influir en el proceso electoral.

Salarios y vivienda, el argumento sindical

UGT y CCOO, por su parte, han presentado la movilización como una reivindicación de salarios que permitan acceder a una vivienda digna. Su planteamiento relaciona las condiciones salariales y el poder adquisitivo con el coste de la vivienda, y reclama tanto a las organizaciones empresariales como a las administraciones que actúen dentro de sus respectivas competencias. Así, la discrepancia central está en si el vínculo entre salarios y vivienda basta para situar la protesta en el ámbito laboral o si, como sostienen las patronales, sus principales demandas corresponden a decisiones públicas.

Una convocatoria todavía sin fecha

El paro se ha anunciado con una duración de 24 horas y para el otoño, pero todavía no tiene una fecha concreta. La convocatoria está pendiente de ratificación y aún no constituye el preaviso formal; por ello, sus objetivos y alcance definitivos no están cerrados.

CEOE y Cepyme señalaron que esperarán a conocer la convocatoria formal antes de hacer una valoración definitiva de su encaje jurídico. Su objeción, por tanto, es la posición de las organizaciones empresariales y no una decisión sobre la legalidad de la huelga.