Aprobación y resultado de la votación
El Parlament de Catalunya aprobó el 7 de octubre de 2026 la ley de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Cataluña y del Consell General de les Cambres. El resultado fue de 114 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones. Votaron a favor PSC-Units, Junts, ERC, PPC y Aliança Catalana; Comuns y CUP-DT votaron en contra, y Vox se abstuvo.
El pleno rechazó 25 enmiendas reservadas: 24 de Comuns y una de Junts. El PPC retiró las suyas. Antes de la aprobación parlamentaria, en agosto, el Consell de Garanties Estatutàries avaló la adecuación de la ley a la Constitución y al Estatut, después de que Comuns y CUP-DT solicitaran un dictamen sobre el texto.
Un marco común para las cámaras
La ley actualiza el marco catalán de 2002 y lo adapta a la normativa estatal básica de 2014. Reconoce las cámaras como corporaciones de derecho público que representan los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, y colaboran con las administraciones. También regula su organización, funcionamiento y financiación, e instaura la adscripción de oficio de las empresas a la cámara correspondiente.
El texto define el Consell General de les Cambres como un órgano consultivo y de colaboración con las instituciones. El sistema cameral catalán está formado por 13 cámaras.
Financiación y convenio plurianual
La financiación combinará recursos públicos y privados. La parte pública podrá proceder de los presupuestos de la Generalitat y de instrumentos como la delegación o asignación de funciones y los convenios. La parte privada podrá incluir excedentes de actividad, prestación de servicios y gestión patrimonial.
La norma prevé que el Govern y las cámaras suscriban un convenio plurianual de tres años dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. La planificación contempla aportaciones de tres millones de euros el primer año, cinco millones el segundo y siete millones el tercero. Las cantidades quedan condicionadas a las disponibilidades presupuestarias.
Composición de los plenos y debate político
Los plenos podrán tener entre 10 y 60 miembros. Al menos dos tercios de los vocales deberán elegirse por sufragio libre y hasta un 10 % podrán ser elegidos a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas. La norma también permite reservar vocalías para empresas que realizan mayores aportaciones voluntarias, una fórmula conocida como «sillas de plata».
Comuns y CUP-DT se opusieron a que las aportaciones económicas pudieran traducirse en mayor peso institucional. Junts expresó reservas sobre la vinculación de la financiación pública a las disponibilidades presupuestarias.
Funciones y límites de actuación
La norma ordena las funciones de las cámaras en cuatro ámbitos: representación de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación; colaboración con las administraciones; prestación de servicios a las empresas, y fomento del catalán. También prevé planes camerales para coordinar la colaboración institucional, identificar necesidades económicas de los territorios y proponer actuaciones.
Las funciones deberán respetar las atribuciones que la ley reconoce a sindicatos y organizaciones empresariales, en especial en negociación colectiva y diálogo social. El texto regula además la participación de las cámaras en estudios económicos, encuestas empresariales, promoción económica y formación profesional, así como obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.